Dignidad e inmigración

Las condiciones de vida de los inmigrantes en situación irregular no son una prioridad para los Gobiernos españoles. La prueba está en la improvisación que ha dominado los más de veinte años de presión migratoria. El próximo año se construirá en Algeciras un edificio diseñado, por primera vez, para albergarlos mientras se resuelven los trámites para su expulsión. Los siete CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) ahora existentes tuvieron una función diferente.

Los primeros datos de ese nuevo centro de Algeciras —modelo para el futuro— indican que mejorará las condiciones de los actuales. Dispondrá de zonas recreativas, enfermería, zonas divididas en función del sexo, la nacionalidad y la religión y sala de comunicaciones, entre otras ventajas. El nuevo modelo, sin embargo, requiere de mayores precisiones, que debieran llegar de la mano de una negociación abierta y constructiva entre las fuerzas políticas. Es esencial fijar también un modelo de gestión adaptada. Los CIE son centros cerrados, pero sus habitantes no son delincuentes y necesitan atenciones especiales. La propuesta del propio ministro del Interior de crear un cuerpo de funcionarios civiles específico va en la buena vía.

La presentación se produce —seguramente no por casualidad— una semana después de que el colapso de los CIE llevara al internamiento de casi 500 inmigrantes en la futura cárcel de Archidona (Málaga). Urgen un nuevo modelo y nuevas instalaciones. Compromís y Podemos han criticado el proyecto tachando a los CIE de “prisiones encubiertas”, y claman por una política de puertas abiertas.

Todo esto forma parte de un debate más profundo y a escala europea. De momento, nuestras democracias han optado por limitar la inmigración y sancionar las entradas irregulares. Mientras no cambien esas políticas, todo lo que signifique aportar mayor dignidad a la estancia provisional de los extranjeros es una buena noticia.