Este ‘procés’ es una ruina

Nadie debe llamarse a engaño: la gravísima crisis constitucional en Cataluña tendrá un coste elevado para la economía española y, por supuesto, para la catalana. Los efectos empiezan a asomar entre la irresponsabilidad suicida del Govern, beneficiario del caos en las calles, en las instituciones o en las empresas, y la renuencia del Gobierno para aplicar medidas correctoras. Las agencias de calificación de riesgo advierten de que si persiste la inestabilidad en Cataluña, existe una probabilidad cierta de pérdida de crecimiento. El Ibex perdió ayer el 2,85%, la caída más importante desde el Brexit, y las entidades financieras más expuestas al riesgo catalán (CaixaBank, Banco Sabadell) se enfrentan a una difícil elección en caso de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). La prima de riesgo española sigue subiendo y algunas empresas con sede en Cataluña, como Oryzon, han anunciado que trasladan su sede a Madrid.

Esta es una descripción todavía incipiente, pero amenazadora, de lo que puede suceder en la economía si no amaina la crisis catalana. Los analistas económicos, fuente de información y de inspiración de los inversores, han dado el paso decisivo de valorar la probabilidad de una ruptura política catastrófica, que no se define sólo como la hipótesis de la independencia —algo improbable hoy— sino que tiene en cuenta un escenario de confrontación política irreductible. Para entender la gravedad de la situación actual bastará considerar el riesgo que se cierne sobre los bancos y los depósitos. La atmósfera de inseguridad puede favorecer una fuga de depósitos de consecuencias incalculables.

Los factores de empobrecimiento asociados al riesgo de secesión no pueden ocultarse. Pueden empeorar, si se inicia un proceso político de elecciones sin resultados calculables, el conflicto entra en punto muerto o si la crisis de Cataluña se interpreta como un signo más de las dificultades del proyecto europeo.