La Universidad, en entredicho

El sistema científico de un país se asienta sobre la presunción de veracidad y autenticidad. Si las autoridades recaudan impuestos y cobran tasas a los alumnos para construir universidades y remunerar a los profesores que allí investigan e imparten docencia es porque quieren sostener un sistema de generación y transmisión de conocimientos que sirva a su desarrollo económico y científico.

El fraude científico, una de cuyas expresiones más graves es el plagio, no es por tanto una cuestión que ataña en exclusiva a la moral o al honor de los que incurren en dichas prácticas o son víctimas de ellas: es algo que socava el sistema científico y que, en consecuencia, debe ser prioritario para las autoridades académicas. De ahí que el penoso caso del rector plagiario de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, no pueda ser considerado ni un litigio privado entre él y la veintena de sus víctimas acreditadas ni una cuestión que pueda solventarse con su abandono del cargo.

Porque al falsear sus méritos, los plagiarios como el rector Suárez, cuya deshonestidad ha vuelto a quedar en evidencia en un peritaje realizado por la Universidad de Barcelona, ascienden académicamente de manera fraudulenta, cobran salarios indebidos del erario y desplazan de sus puestos a otros investigadores de mayor mérito y honestidad.

Hace tiempo que los organismos que acreditan y evalúan a los profesores universitarios (la CNEAI y la ANECA) deberían haber abierto sus propias investigaciones para saber si el profesor y rector Fernando Suárez merece los méritos que le reconocieron. Y el ministro de Educación y Ciencia, Íñigo Méndez de Vigo, responsable último de la integridad del sistema educativo y científico español, tenía que haber tomado hace tiempo cartas en el asunto. Urge restaurar la credibilidad del sistema de ciencia español, y compete al ministro promoverlo.