Todo a peor para el PP

Enfrentado a una competencia electoral descarnada, el Partido Popular carga con las consecuencias de no haber tomado decisiones a tiempo para atajar la corrupción y minimizar el impacto de los escándalos que afectan a muchas personas significativas. La inhibición se paga.

Hace años que está clara la imposibilidad de pasar página con el simple expediente de remitirse a los tribunales. Una de las primeras respuestas regeneradoras habría sido apartar a los señalados y cortar la relación con ellos. Esto hubiera ahorrado penosas excusas destinadas a justificar contactos demasiado prolongados con Luis Bárcenas, y daría garantías de que él y otros muchos sospechosos se defienden como personas privadas, sin implicar tanto al partido gobernante.

Lejos de adoptar esa línea, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha sido mantenido en el cargo hasta ayer, día en que el Ejecutivo ha tenido que destituirle tras su detención por un caso iniciado en octubre. Y el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ahora condenado, se presentó a las municipales pese a que la fiscalía había pedido la inhabilitación.

No solo el PP acumula motivos para complicar pactos con otras fuerzas en autonomías y Ayuntamientos, sino que se presenta comprometido ante las elecciones de las que saldrá el futuro Gobierno del Estado.