Muerte en Argentina

Decía el expresidente argentino Carlos Menem que “nadie muere la víspera”. Eso es exactamente lo que le ha sucedido al fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en su domicilio, con un tiro en la sien, horas antes de una prevista comparecencia ante el Congreso para explicar las graves acusaciones que hizo la semana pasada contra la presidenta Cristina Fernández y su ministro de Exteriores, Héctor Timerman. Es precisamente el carácter de los cargos contra la jefa del Estado —el encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el peor atentado de la historia argentina— lo que obliga a la máxima prudencia, pero también exige la máxima celeridad, para aclarar una muerte que se añade a uno de los episodios más negros de la historia reciente del país sudamericano.

El atentado antisemita contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, segó la vida a 85 personas y causó más de 300 heridos. Ya han transcurrido dos décadas y la investigación se ha empantanado en diversas ocasiones. No puede extrañar la lógica incredulidad e indignación de las víctimas y de gran parte de la sociedad argentina, que considera que el crimen ha quedado impune a pesar de las reiteradas promesas de sucesivos Gobiernos, incluyendo el actual, de que se iba a saber la verdad.

No obstante lo complicado del sumario existen elementos meridianamente claros sobre las implicaciones internas e internacionales del atentado. La fiscalía siempre ha apuntado a la participación activa de servicios de inteligencia extranjeros, en particular los de Irán. Pero, tras seguir la línea marcada por el poder judicial y exigir la captura internacional de ocho altos funcionarios iraníes —entre ellos el expresidente Alí Rafsanjani— el Gobierno argentino dio en 2013 un giro de 180 grados en su estrategia y anunció por sorpresa la firma de un pacto político con Teherán para crear una Comisión de la verdad que arrojara luz definitiva sobre la matanza. Dos años más tarde, dicha comisión no se ha creado porque Irán no ha ratificado el pacto y la situación sigue siendo la misma: las víctimas, desamparadas, y la investigación, en un callejón sin salida.

El fiscal muerto había abierto una vía de incalculables efectos políticos. Acusó a Fernández y a Timerman de orquestar una trama para exculpar al régimen iraní a cambio de favores de Teherán a la asfixiada situación económica, lo que desató una tempestad política en Argentina y puso a Nisman en el centro de la diana, con amenazas contra su vida.

La prudencia obliga a no sacar conclusiones precipitadas; pero ni la imagen de Argentina ni, sobre todo, la memoria de las víctimas de la AMIA, merecen que la verdad siga oculta y que ocurran hechos como la extraña muerte de Nisman, que arrojan más confusión y sospecha al drama. El Gobierno y la justicia tienen la obligación de aclarar las circunstancias del fallecimiento del fiscal. Y de encontrar —y aplicarles la ley— a los autores de atentado contra la AMIA.