Menores más protegidos

La reincidencia de los delincuentes sexuales y el escándalo de un colegio madrileño en el que la dirección ocultó las denuncias de los alumnos víctimas de abusos han movido al Gobierno a lanzar un anteproyecto de ley que reforzará la protección de los menores. Los condenados por delitos contra la libertad sexual, la trata o la explotación de menores deberán figurar en un registro público y cualquier candidato a trabajar en contacto con niños, tanto en instituciones públicas como privadas, deberá demostrar no tener antecedentes penales al respecto.

Es un cambio legislativo no exento de problemas, por cuanto obliga a modificar el principio de prescripción de las penas, entre otros preceptos, y aún se debe concretar cómo se aplicarán las diversas medidas, pero era una decisión demandada por los expertos. De hecho, España ratificó en 2010 el llamado convenio de Lanzarote que establecía la necesidad de garantizar que los profesionales próximos a los niños no hayan sido condenados por este tipo de delitos.

El otro cambio será la obligatoriedad de denunciar los abusos cuando se tenga conocimiento de los mismos, lo que ahora solo puede hacer formalmente la familia o la fiscalía. Se trata de intentar romper ese manto de silencio cómplice tan dañino para las víctimas de abusos sexuales.

Entre las medidas adoptadas están también las de agilizar las adopciones para que los más pequeños encuentren antes acomodo en familias que en instituciones, el derecho de los adoptados a conocer y contactar con sus familias biológicas y la obligación de escuchar a los menores en los procesos judiciales que les afecten. Algunas son propuestas que ya planteó el anterior Gobierno socialista. El Ejecutivo de Rajoy ha tenido el acierto de rescatarlas, lanzar nuevas propuestas y destapar al tiempo las graves lagunas legislativas existentes al respecto.