Corrupción en China

La filtración de millones de archivos sobre las fortunas ocultas de connotados miembros de la nomenclatura china destapa una parte del gigantesco entramado de abusos, ilegalidades y corruptelas que sostiene a la segunda economía del mundo. El uso masivo de cuentas opacas en paraísos fiscales salpica a políticos, empresarios, gerentes de compañías estatales y a 13 familiares de varios mandatarios y altos dirigentes comunistas, incluido el actual presidente, Xi Jinping.

Al mismo tiempo que varios medios internacionales —entre ellos EL PAÍS— difundían ayer estos documentos, comenzaba en Pekín el juicio contra el abogado Xu Zhiyong, líder de un movimiento ciudadano contra la corrupción. La coincidencia de los dos acontecimientos hace más patente la actitud cínica de una clase política que no se molesta en guardar las formas. Xu, detenido el pasado julio, se enfrenta a cinco de años de prisión por “alteración del orden público”. Así es como califican las autoridades las iniciativas de los activistas a favor de la transparencia y de que los funcionarios declaren su patrimonio.

China afrontó la liberalización de su economía manteniendo la dictadura del partido único, y esto ha dado lugar a enormes disfunciones. El impresionante despegue económico, ahora ralentizado, que sacó de la pobreza a millones de chinos, se ha visto acompañado de un crecimiento brutal de las desigualdades —sociales y geográficas—, la corrupción, la contaminación y la burbuja inmobiliaria. Los datos del Chinaleaks, procedentes de gestoras que operan en paraísos fiscales, no hacen sino confirmar el evidente enriquecimiento de la casta dirigente. Basta ver las listas de milmillonarios y el ostentoso desfile de alta costura en que se han convertido los congresos del Partido Comunista y las reuniones de la Asamblea Popular. Y refrendan investigaciones como la realizada en 2012 por el diario The New York Times, que destapó que la fortuna de la familia del ex primer ministro Wen Jiabao se acercaba a los 2.000 millones de euros.

Consciente del creciente malestar social, el presidente Xi declaró el año pasado la guerra a la corrupción y prometió perseguir a “tigres y moscas”. Moscas han caído muchas, pero los escasos tigres cazados o acechados —como Bo Xilai o Zhou Yongkang— son, casualmente, rivales políticos. Este no es un dato alentador, como tampoco lo es la reacción de Pekín al escándalo del Chinaleaks: un apagón informativo que incluye el bloqueo de las páginas web de los medios internacionales que informan sobre el caso. Un portavoz de Exteriores añadió que “se demostrará que los limpios son limpios y los sucios son sucios”, como queriendo desmarcar a los prohombres de sus parientes incómodos.

Para combatir de verdad la corrupción y adecentar la política y la economía de China es necesario —aunque no suficiente— desmantelar el régimen de partido único. Lo que propicia los abusos es, precisamente, la ausencia de libertad, de transparencia y de controles.