No es solo la luz

La combinación explosiva, la que explica el aumento de la morosidad en porcentajes nunca vistos en nuestro país, se compone de una tasa de paro característica de una gran depresión, una reducción de la renta disponible de los ciudadanos que aún conservan su empleo, y —no menos importante— del espectacular aumento del coste de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, carburantes, transporte...) de los hogares, para los que no existe el mismo concepto de devaluación interna aplicado sistemáticamente a los salarios y a las pensiones.

Si a ello se une la reducción de la cantidad y la calidad de los servicios sociales de los que disponían los ciudadanos, el conjunto proporciona la descripción más pedagógica de lo que supone esta crisis económica y de quienes son sus principales paganos; y anula la credibilidad de los brotes verdes que se empeña en publicitar el Gobierno, y que por ahora solo afectan a la parte más alta de la pirámide social.

Así pues, el escándalo no es solo la subida de luz y la utilización de las compañías eléctricas de su capacidad de oligopolio (según Eurostat, la factura de la electricidad para el pequeño consumidor se había encarecido en España desde 2006 un 88%, sin contar con la última subida), y su colusión con el poder político. El escándalo está en el conjunto: salarios y pensiones hacia abajo (el mismo día en que se conocía la subida de la luz, la mayoría absoluta del PP en el Congreso desvinculaba la revalorización de las pensiones del índice de precios al consumo), y los servicios básicos ocupando cada vez una parte mayor de los gastos del hogar, con una casi imposibilidad de sustitución de los mismos, ya que los precios vienen fijados por las grandes empresas y por los Gobiernos (en la parte regulada de los mismos).

Antes de las últimas subidas de esos servicios básicos, la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya proporcionaba una cartografía nítida de los hogares españoles en relación con estos gastos. En 2012 (últimos datos disponibles), el 12,7% de los hogares manifestaba llegar a fin de mes con mucha dificultad; el 40% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 7,4% de las familias tenía retrasos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...). La tasa de riesgo de pobreza se situaba ese año en el 21,1% de la población residente en España.

La subida del precio de la electricidad, sea cual sea al final, conlleva una importante lección: la guerra entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, acerca de qué déficit (el presupuestario o el de la tarifa eléctrica) tiene una solución prevalente en la política económica, se ha saldado trasladando los costes al consumidor. Eso es lo que han hecho las empresas del sector. Ahora hay que seguir, qué pasa con los demás precios de los servicios básicos, para el año que viene.