Más que errores

Cristóbal Montoro ha tardado casi dos semanas en ofrecer, por fin, una explicación sobre el error cometido por la Agencia Tributaria de atribuir a la infanta Cristina unas inexistentes ventas inmobiliarias. Los argumentos son poco convincentes y, sobre todo, tiran balones fuera sobre lo ocurrido. La culpa, según Hacienda, reside en notarios y registradores en 11 transacciones —lo que ellos mismos reconocieron ayer en parte—, y en los otros dos, en un funcionario de la Agencia Tributaria ya jubilado. Que ni el juez del caso Nóos, que pidió los datos, ni el fiscal del Estado se hayan sentido satisfechos con tal explicación indica hasta qué punto es insuficiente. Si todo el problema tenía tan sencilla razón, no se entiende la tardanza del ministro en abrir una investigación, primero, y en dar el resultado de dicha indagación, después.

En este embrollo hay, sin embargo, algo más que un error. Particularmente preocupante es la queja del juez José Castro sobre la escasa colaboración de Hacienda con su investigación y la ausencia de comunicación con su juzgado para aclarar las disparidades en las que ha incurrido. No menos inquietante es la imagen que aportan las explicaciones de Montoro sobre los procedimientos utilizados por una Agencia Tributaria que goza todavía de tanto prestigio. Según la nota de prensa de Hacienda de la noche del martes, tal forma de proceder habría permitido enviar al juez Castro una documentación de la Infanta en la que ni siquiera aparecía su nombre sino un número 14 —y no siempre en la misma casilla— que se corresponde con su DNI. La Agencia Tributaria, según esta versión, se limita a transmitir a un juez la documentación que le aportan registradores y notarios, sin verificación alguna. El Gobierno se escuda en el hecho de que el juez Castro no pidiera los datos como auxilio judicial y que, por tanto, no era preceptivo “un control específico de la información suministrada”. Pero ello no impide un control sobre los documentos transmitidos, máxime tratándose de un caso que afecta a un miembro de la familia del Rey. Prueba del enfado del juez es su requerimiento a Hacienda de un nuevo informe en las debidas condiciones.

El daño ya está hecho y afecta a demasiadas instituciones. Imposible evitar, por mucho que lo pida el ministro Montoro, que persistan las dudas sobre lo realmente ocurrido.