El Código Penal, una cortina de humo

El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, ha anunciado importantes medidas en materia penal. La primera de ellas, la eliminación de las faltas, vigentes desde el Código Penal de 1822, que pasarán a ser sanciones administrativas o delitos leves. La segunda, y más importante, es la llamada “prisión permanente revisable”, o lo que es lo mismo, la instauración de la cadena perpetua en la legislación española.

Aprovechando el populismo creado por recientes casos dentro del ámbito penal, el Gobierno ha decidido legislar con las vísceras en vez de con arreglo a la legalidad vigente. Craso error. Ya que precisamente el legislador no puede cometer semejante fallo. Cuando se legisla, y más en materia de Ley Orgánica, el legislador tiene la obligación —así lo ha precisado en numerosas sentencias el Tribunal Constitucional— de respetar los derechos fundamentales precisados en nuestra Carta Magna, algo que con la propuesta realizada desde el Ministerio de Justicia no se realiza. Ello es debido a que el artículo 25.2CE precisa que la política penitenciaria de nuestro país debe estar orientada hacia la reeducación y la reinserción social. Por tanto, sería necesaria una reforma constitucional para dar encaje constitucional a lo que el ministro plantea, ya que es incompatible con lo que el precepto establece.

Una vez expuesto esto, el debate parecería estéril, pero no será así. El Gobierno vuelve a colocar una cortina de humo para que se deje de hablar de lo realmente importante, y vuelve a dejar en la palestra reformas de casos de materia penal todavía más necesarios, si cabe, como son el endurecimiento de las penas en casos de corrupción, blanqueo de dinero o delitos urbanísticos. Casos realmente importantes pero que el Ejecutivo no abordará, porque si a algo estamos acostumbrados desde que llegaron al Gobierno, es que legislan lo secundario para dejar apartado lo realmente importante: las personas. La cadena perpetua, como la pena de muerte, son un fracaso para la democracia, así como aceptar la incompetencia del Estado para la reinserción.— Vicente Lera. Licenciado en Derecho.