El despido es la última opción

La Presidenta Popular de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso ha afirmado que hay que suprimir empleados funcionarios. En el ámbito de lo social, hay dos decisiones que sólo se deben tomar en última instancia: el despido y la huelga. Yo propongo una solución más equitativa: Igualar las retribuciones de los empleados públicos de las tres Administraciones (la AGE, la Autonómica y la Local). El mismo salario por el mismo tipo de trabajo. Regular la retribución máxima, única y anual de todos los altos cargos, de cualquier entidad o empresa pública. Eliminar los cargos de libre designación o confianza, asesores y demás personas ajenas a lo público. Mantener el consenso sobre el modelo territorial español, no comprendo a qué viene dotar de mayor funcionalidad a las diputaciones sino se trata de una recentralización provincial (no prevista en nuestra Constitución), suprimir los coches oficiales en un 100%. En Bruselas, Suecia o Finlandia los ciudadanos comparten vagón del cercanías con ministros, viceministros y no les pasa nada. Es más, se quedan de pie, si no hay asientos libres (tienen perfectamente asimilado que su posición es temporal). Cuando se haya hecho todo esto, seguro que nos encontramos con una gran sorpresa, que comprobaremos mediante la publicación del resultado final. Probablemente, podamos devolver lo usurpado a la sanidad pública y a la educación, invertir en investigación y desarrollo, bajar las tasas universitarias y las subidas en las guarderías infantiles. No estoy seguro, pero a lo mejor hasta la dependencia vuelve a ser considerada viable.— Jaime Guallart.