Prisión sin fianza para el apicultor que provocó el gigantesco incendio de Ibiza

El juez ha acordado, a petición del fiscal, la prisión provisional sin fianza para el apicultor detenido el pasado miércoles en Ibiza como supuesto autor, involuntario, del incendio forestal que ha arrasado 1.500 hectáreas de la Sierra de la Morna en Sant Joan y Santa Eulàlia, el mayor siniestro de estas caracterísiticas conocido en la historia insular. En la decisión del magistrado han pesado el peligro para las personas y la destrucción de espacios naturales causados por el fuego y el riesgo de fuga del sospechoso.

El imputado y preso, M.C. es apicultor aficionado. Cuando comenzó el gran incendio el pasado jueves estaba ahumando sus colmenas de abejas en el monte y, según la acusación, le cayeron al suelo brasas del artefacto ahuyentador. Cuatro días después aquellas chispas han recorrido destructoras un 3% de la superficie de Ibiza (ver gráfico)

Ante la Guardia Civil y el juez, el causante del fuego dijo que no se percató del accidente. Es un ciudadano español de 51 años aunque nacido en Argentina. Retornó al lugar de los hechos cuando los guardias rastreaban y documentaban en qué circunstancias se inició del siniestro.

El fuego sigue activo y sin control, aunque con una mejoría notable sobre la violenta actividad de los tres días anteriores. No avanza fuera del perímetro de 20 kilómetros en montes, valles y costa del norte de Ibiza pero mantiene con zonas de llamas y rescoldos activos.

Diez casas quedaron parcialmente chamuscadas y 350 personas tuvieron que ser desplazados y evacuados. Esta mañana han retornada a visitar sus domicilios acompañados por técnicos de emergencia.

En la nota judicial dada a conocer en la tarde del sábado se señala que el juez le imputa al preso "un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave en el que podrían concurrir las agravantes de riesgo para la vida o integridad física de las personas en una zona de especial consideración y protección." Las llamas amenazaron la vida de los residentes en una gran área natural protegida y de alto valor paisajístico.

El juez entiende que "en estas circunstancias, de confirmarse a lo largo de la investigación, podrían conllevar penas de entre siete y medio y diez años de prisión". Se valora en la orden de prisión el riesgo de fuga por la eventual carga de sanción penal de los delitos. La decisión se adoptó tras el informe detallado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.