Castilla y León y La Rioja recurrirán al Constitucional el 'blindaje' del concierto vasco

El llamado blindaje del concierto económico vasco, aprobado ayer definitivamente en el Senado, ha tardado apenas un día en convertirse en un conflicto constitucional. Las dos comunidades autónomas más beligerantes contra esta norma, La Rioja y Castilla y León, han anunciado hoy sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley. El blindaje consiste en elevar de rango las normas fiscales de las diputaciones forales para que sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, no ante la justicia ordinaria, lo que en opinión del País Vasco creaba inseguridad jurídica.

Así, los Gobiernos de La Rioja y de Castilla y León optan no por recurrir las normas fiscales vascas (lo que pueden hacer al Tribunal Constitucional como Gobiernos), sino la ley misma que califica a esas normas fiscales.

Desde que el PSOE planteó cuando ocupaba el Gobierno de La Rioja que los privilegios fiscales vascos estaban deslocalizando empresas riojanas a Álava, a principios de los 90, este asunto se ha convertido en un tema de consenso regional. Pero también lo es la reivindicación del blindaje en el País Vasco. De esta forma, durante la tramitación del blindaje en las Cortes se han abstenido de votar los parlamentarios vascos del PP (para no votar en contra) y un senador socialista de La Rioja (para no votar a favor).

El presidente riojano, Pedro Sanz, ha asegurado que su Gobierno tomará "todas las medidas necesarias para defender los intereses de La Rioja por encima de cualquier cosa, de colores políticos e ideología e, incluso, por encima de mi propio partido".

Su partido, el PP, se encuentra dividido ante el blindaje aprobado ayer ya que la formación en el País Vasco fue una de las impulsoras de la medida mientras el Grupo en el Senado votó ayer en su contra. Paradojicamente, en el PSOE tampoco hubo unanimidad a la hora de votar la medida.

El Gobierno riojano también estudiará, si fuera necesario, la posibilidad de recurrir el "blindaje" ante las instancias europeas, al igual que ya lo hizo con las "vacaciones fiscales" del País Vasco, según Sanz, quien ha culpado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de actuar en interés propio y de "vender" a las comunidades autónomas "por siete votos para aprobar los Presupuestos".

Argumentos parecidos ha utilizado el portavoz de la Junta de Castilla y León para justificar el recurso a un blindaje que, en su opinión, supone un "agravio" para esta comunidad y la concesión de "privilegios" para el País Vasco.

El recurso del Ejecutivo castellanoleonés se basará en los artículos 161 y 163 de la Constitución y en la tesis de que estas normas fiscales carecen del rango de ley.