Garzón prepara la imputación de Batasuna por crímenes contra la humanidad

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acusado a ETA y a Batasuna de usar métodos nazis y mafiosos para provocar "una auténtica limpieza étnica de baja intensidad" en el País Vasco, dirigida a limitar a "una determinada tendencia ideológica -nacionalista- la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar un resultado afirmativo".

En una resolución dictada hoy en la causa que sigue contra Batasuna, el juez afirma que su objetivo "es establecer si se han producido las bases de esa limpieza, mediante el abandono o éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco que ha establecido su residencia en otras partes de España, causando baja en el censo electoral de aquél".

El juez recuerda que esta "depuración" del censo puede entenderse como "segregación de una parte de la población de derecho de un territorio por razón de su origen étnico o geográfico o de su presunta adscripción ideológica", lo que está tipificado en el Código Penal y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como crimen contra la humanidad.

En su opinión, ETA y su complejo terrorista han desarrollado una actividad encaminada al "mantenimiento sistemático de un clima social de presión e intimidación tendente, no solo a lograr una hegemonía política nacionalista extrema en todo el territorio, sino que ha ido directamente a obtener la segregación del sector no nacionalista de la población con el propósito último de hacerle insoportable la permanencia en aquel territorio, obligándosele a abandonarlo".

El estigma de nacer en Baracaldo

Según Garzón, esta actitud ha supuesto que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de la Ertzaintza, vivan fuera del País Vasco y se trasladen a él sólo a trabajar; que políticos, jueces, periodistas, profesores de Universidad y otros profesionales abandonen la Comunidad Autónoma; y hasta que se alteren las partidas de nacimiento para que conste que los niños nacen en Bilbao y no en Baracaldo -sede del principal hospital maternofilial de Vizcaya-, por ser éste un municipio habitado mayoritariamente por población inmigrante.

La alteración del lugar de nacimiento se realiza "para evitar que los nacidos arrastren de por vida en su documento de identidad el 'estigma' de haber nacido en un lugar no lo bastante euskaldun".

La colaboración de distintos organismos

Para acreditar estas graves acusaciones, Garzón pide a la Secretaría de Estado para la Seguridad que realice las gestiones necesarias para que la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía y la Guardia Civil redacten un informe pormenorizado de las víctimas de atentados de ETA o de kale borroka, en el que se incluya su procedencia y profesión.

Este estudio deberá hacerse "con el apoyo de los ministerios, confederaciones de empresarios, Fiscalía General del Estado, medios de comunicación, sindicatos, asociaciones profesionales, Consejo General del Poder Judicial, ayuntamientos, Junta Electoral Central, Parlamentos, Gobiernos autónomos, Universidades y cualesquiera otros que fueran necesarios".

En cuanto al Parlamento vasco y navarro, el juez le reclama "todas las intervenciones que hubieran tenido los parlamentarios de HB-EH-Batasuna, incluida la denominación actual que ostenten hasta la fecha del 26 de agosto", cuando suspendió las actividades del partido, "y posteriores en tanto no se haya suspendido su actividad".

Este requerimiento se extiende también a ayuntamientos, juntas generales y diputaciones del País Vasco y Navarra, para saber qué mociones, intervenciones y protestas ha realizado Batasuna.