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Ayuso lleva al colapso al Consejo Escolar del Estado al retirar de golpe a la mitad de su equipo técnico

Los tres profesores cuya comisión de servicio ha sido revocada por Madrid suponen la mitad del equipo técnico del organismo estatal. La comunidad lo justifica en su déficit de docentes, pese a tener una plantilla de 60.000

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto el 15 de junio.
Ignacio Zafra

Portavoces del profesorado, las familias y los estudiantes han denunciado este martes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado en una situación muy precaria al Consejo Escolar del Estado, el organismo oficial de participación de la comunidad educativa, que desde 1985 tiene encomendada, entre otras misiones, la elaboración de informes preceptivos de las nuevas normas en materia de enseñanza que vaya a aprobar tanto el Parlamento como el Ministerio de Educación. El Consejo Escolar del Estado está integrado por un centenar de personas en representación del profesorado, el alumnado, las familias, las patronales de la enseñanza concertada, los municipios, las universidades, y los consejos escolares autonómicos, entre otras instituciones, así como personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo. Cuenta, así mismo, con un reducido equipo técnico, cuyos miembros se encargan de redactar el informe anual sobre el estado del sistema educativo y los dictámenes previos a la aprobación de las normas educativas. El núcleo de dicho equipo está integrado por seis técnicos docentes. Y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido retirar de golpe a los tres que pertenecen a su plantilla de profesorado y trabajaban en el organismo estatal en comisión de servicio desde hacía tiempo, en un caso desde hacía 12 años.

El motivo esgrimido por el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, del PP, es que necesita recuperarlos debido a su déficit de profesorado. Los tres docentes pertenecen a las especialidades de Matemáticas, Informática y Física y Química, que se encuentran entre las de más difícil cobertura. Los denunciantes, los sindicatos CC OO, STES y FETE-UGT, la federación de familias de la escuela pública, Ceapa, y el sindicato de estudiantes Canae, consideran, sin embargo, “endeble” dicho argumento, y recuerdan que la red educativa pública preuniversitaria madrileña está formada por 60.000 docentes. Los tres profesores que Madrid ha retirado del Consejo Escolar del Estado representan el 0,01% de su plantilla, y suponen, en cambio, la mitad del equipo técnico docente del consejo.

Su función, según aseguran los denunciantes y ha podido confirmar este periódico de fuentes internas del organismo, resultaba especialmente importante debido a su experiencia y al hecho de que se ocupaban del informe anual, de los dictámenes, y de las labores tecnológicas del consejo. Sustituirlos a estas alturas del año y no pudiendo recurrir a docentes de la Comunidad de Madrid ―para los que resulta más fácil que para los de otros territorios aceptar una comisión de servicio en un organismo que tiene su sede en la capital de España― se antoja complicado, y los recién llegados necesitarán un tiempo de rodaje. Una de las probables consecuencias será la ralentización de la producción de normas educativas, ya que, aunque los informes del consejo no son vinculantes, el Gobierno necesita contar con ellos antes de aprobarlas.

En el último lustro, el consejo ha emitido entre 20 y 35 dictámenes al año. Los últimos, sobre la orden que regula el currículo de la titulación de FP en Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y sobre el real decreto que establece el calendario de implantación de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores.

“Esta lamentable decisión compromete seriamente la labor del consejo”, señalan las organizaciones firmantes en un comunicado. “Supone atacar a toda la comunidad educativa y a su capacidad de defensa de un modelo educativo basado en la calidad, la equidad, la inclusividad, la coeducación, el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos”, sostienen, al tiempo que instan a la Comunidad de Madrid a “replantearse la medida y ponerse del lado del Conejo Escolar del Estado y de la comunidad educativa”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.
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