El poder transformador de las fundaciones
Son el músculo invisible que complementa el núcleo económico y social del país. Su compromiso es único: llegar a donde otros no pueden. Sin ellas, muchas iniciativas culturales, científicas o de cohesión social quedarían huérfanas
Para personas con una discapacidad física-motora, como César, los obstáculos visibles —la falta de accesos adecuados o las infraestructuras urbanas mal adaptadas— son solo la parte más evidente del problema. Lo más difícil no se ve. Está siempre debajo, en las barreras sociales de un mercado laboral que en demasiadas ocasiones los ignora.
A pesar de ello, César y los más de cuatro millones de personas con discapacidad en España no están solas. Para todas ellas el mundo de las fundaciones se ha convertido en un apoyo fundamental para superar los obstáculos. Hoy, César tiene un grado medio en sistemas microinformáticos y estudia Animación 3D. “Uno se hace la vida”, afirma. Y tanto. En los próximos meses dará el salto al mercado laboral gracias a la Bolsa de Trabajo de la Fundación ONCE, una institución que durante años le ha brindado las herramientas necesarias para abrirse camino. “Me han ayudado a crecer como persona y como profesional”.
El porqué de su existencia
Las fundaciones componen un segmento socioeconómico que se ha consolidado en las últimas décadas. “Han sabido atender las vulnerabilidades de la sociedad y han respondido a las transformaciones de la economía”, afirma Isabel Peñalosa, directora del área jurídica y portavoz de la Asociación Española de Fundaciones (AEF). Actualmente, en España hay 10.511 fundaciones activas. Y no solo cubren necesidades que el Estado o el mercado no logran atender, sino que estimulan actividades estratégicas que son fundamentales para el desarrollo del país.
“Las fundaciones desempeñamos un papel crucial en la sociedad; canalizamos acciones sociales, educativas o culturales que generan progreso y maximizan el impacto social”, afirma Luis Prendes, director general de Fundación Telefónica, cuyo objetivo es capacitar digitalmente a todas las personas a lo largo de su vida para que nadie quede atrás. En España, los grandes exponentes del sector de las fundaciones intervienen en distintas áreas de actividad. Un 29% son asistenciales; un 26% culturales, un 14% son de carácter científico y un 10% están volcadas en la docencia. El resto, un 21%, dirige su mirada a otros ámbitos. Pero todas son motores fundamentales en ámbitos clave para la sociedad y la economía españolas. Aunque no son una solución universal, desempeñan un papel imprescindible. “Basta con observar su impacto sector por sector”, indica Teresa Sanjurjo González, directora de la Fundación Princesa de Asturias.
El ramillete de actividades es muy diverso, explica Teresa Sanjurjo. Hay fundaciones que han recuperado y puesto en valor el patrimonio histórico. Otras impulsan las artes escénicas. Las hay educativas y de investigación, que generan conciencia social sobre enfermedades como la ELA o que han conseguido movilizar recursos. “También han sido clave en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la exclusión, el racismo o las barreras para las personas con discapacidad”, dice la representante de esta fundación, creada en 1980, en plena transición democrática.
En el ámbito de la innovación, muchas instituciones impulsan proyectos disruptivos, especialmente en áreas como la educación, salud, medio ambiente y tecnologías sociales. Gracias a su flexibilidad y a la ausencia de fines lucrativos pueden asumir riesgos que a menudo el sector público o privado no están dispuestos a enfrentar. “En investigación, su papel es crucial: financian becas, proyectos y premios que fomentan la generación de conocimiento en universidades, centros tecnológicos y hospitales”, explica Peñalosa, de la AEF. Además, en la incubación empresarial, algunas fundaciones actúan como viveros de ideas, promoviendo el emprendimiento social y empresarial mediante formación, asesoría y apoyo financiero, particularmente en proyectos con impacto social.
Una importante fuente de trabajo
El sector emplea a unas 238.000 personas y su actividad crea puestos de trabajo indirectos en sectores culturales, educativos, sanitarios, medioambientales y sociales. “Contribuyen al bienestar general, creando un entorno más estable para el crecimiento económico y social”, puntualiza Isabel Peñalosa. Respecto a su impacto económico reciente, según datos de 2023, las fundaciones en España han invertido en la economía un total estimado de 27.000 millones de euros, lo que representa el 2,4% del PIB nacional. De esta cifra, 8.500 millones corresponden a impacto directo, a su propia contribución al crecimiento económico del país. Más de un 25% de las fundaciones españolas tiene un gasto anual entre 30.000 y 150.000 euros, según los últimos datos disponibles de la AEF, y casi un 46% se sitúa en el tramo de gasto entre 150.000 y 2.400.000 euros. Solo el 6% tiene un gasto superior a 10 millones de euros y el 1,27% de las fundaciones supera los 50 millones.
Las fundaciones en España, con una GRAN diversidad de tamaños y ámbitos de actuación, contribuyen con 27.000 millones de euros a la economía nacional, un 2,4% del PIB, y se han consolidado como pilares de estabilidad y compromiso social duradero
Una de las grandes fortalezas de las fundaciones es, precisamente, su diversidad, no solo en tamaño, sino también en el impacto que generan en múltiples ámbitos. “Pero si hay un valor diferencial a destacar es su vocación de permanencia”, explica Lourdes Marqués, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de la Fundación ONCE. “Una fundación es un patrimonio adscrito a un fin de interés general con carácter duradero, lo cual se traduce en estabilidad, generación de confianza y reducción de incertidumbre y volatilidad”, añade.
Poder ciudadano
En momentos de polarización e incertidumbre este compromiso sostenido en el tiempo aporta un valor incalculable. Las modernas fundaciones se configuran realmente tras la aprobación de la Constitución de 1978, que reconoce el derecho a fundar como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Posteriormente, en 1994, se aprueba la primera ley de fundaciones moderna, seguida por otra en 2002. Son hitos que marcan un antes y un después en la consolidación del sector. Desde entonces ha habido un notable crecimiento y profesionalización. Muchas entidades históricas, como algunas creadas en el siglo XV o XIX han adaptado sus fines para responder a las nuevas realidades sociales, sustituyendo, por ejemplo, antiguas prácticas como la dotación matrimonial por programas de becas educativas.
El número de fundaciones en España ha ido creciendo de forma constante desde la llegada de la democracia, aunque sigue siendo menor que en otros países de referencia como Estados Unidos o algunas naciones europeas. Existen varios tipos de fundaciones, según quién las promueve y cómo se financian, tal como pone de manifiesto un informe realizado por Marta Rey García, de la Universidad de A Coruña, y Luis Ignacio Álvarez González, de la Universidad de Oviedo, publicado en el Boletín de Estudios Económicos (2017). Estos especialistas dividen el sector en cuatro grandes grupos.
Derechos, controles y obligaciones
Hubo un antes y un después en la historia de las fundaciones. El punto de inflexión llegó en 1994, con la Ley 30/1994 de Fundaciones. Aquella norma, que muchos juristas recuerdan como un soplo de aire fresco, puso orden en un sector hasta entonces regido por reglas dispersas. Por primera vez se puso sobre el papel qué es una fundación, cómo debe constituirse, qué derechos y deberes la rigen y qué control deben ejercer las autoridades para garantizar que su patrimonio se destine al fin previsto.
Ocho años más tarde, esa legislación fue sustituida por la actual Ley 50/2022, todavía en vigor —aunque con algunas modificaciones —, que consolidó la posición de las fundaciones como actores clave del llamado Tercer Sector, donde se agrupan organizaciones que, sin ánimo de lucro, persiguen fines de interés general. Desde entonces, el mapa de las fundaciones se ha expandido. Es un sector vivo en el que hay fusiones o absorciones que buscan eficiencia y sostenibilidad en un contexto donde los recursos no son infinitos.
La legislación española exige una dotación mínima de 30.000 euros para crear una fundación. Pero más allá de la cifra, lo fundamental es el compromiso con el interés general: el patrimonio de estas entidades (tanto el inicial como el que puedan generar en el futuro) debe destinarse exclusivamente a ese fin. Incluso si la fundación se disuelve, los activos no pueden desviarse hacia intereses particulares ni beneficiar directamente a los fundadores, patronos o terceras personas que no compartan ese objetivo colectivo.
A pesar de los retos, el papel de las fundaciones se ha fortalecido en ciertos ámbitos. El tejido fundacional tiene un peso notable en sectores como el de la acción social o el sociosanitario (residencias de mayores o centros de día), la investigación y la educación.
Causas de la expansión
El primero lo integran las fundaciones familiares o patrimoniales, controladas por personas físicas o familias con gran patrimonio, que suelen financiarse con fondos propios. En EEUU, por ejemplo, este grupo compone la mayoría de las fundaciones existentes, mientras que en España son minoritarias. Un segundo grupo son las fundaciones corporativas, promovidas y financiadas por empresas. El auge de estas últimas se relaciona con la expansión de la Responsabilidad Social Corporativa y la transformación de las antiguas cajas de ahorros en fundaciones bancarias. El 75% de las empresas del Ibex 35 controla al menos una fundación. A mayor tamaño empresarial, mayor probabilidad de contar con una, dicen los expertos.
El tercer grupo lo constituyen las fundaciones impulsadas por organizaciones del Tercer Sector, como asociaciones de utilidad pública o sociedades científicas, orientadas a captar fondos, promover la investigación y sensibilizar a la sociedad. Y, por último, están las fundaciones de iniciativa pública, que aunque son legalmente entes privados están controladas por administraciones públicas. Las fundaciones de iniciativa pública en España ofrecen una importante ventaja: al estar sujetas a un régimen jurídico privado gozan de mayor flexibilidad administrativa y operativa.
“La mayoría de las fundaciones españolas son privadas y su objetivo es contribuir a facetas y áreas que, o bien no están cubiertas por políticas públicas, o requieren del complemento y refuerzo de la iniciativa privada”, dicen desde la Fundación BBVA. En general, son expresión del compromiso de empresas y otras entidades que entienden esta faceta como un complemento a su actividad de generación de empleo y bienes, subrayan los expertos de esta institución.
“El modelo fundacional en España ha sido en gran medida una réplica de experiencias extranjeras, especialmente en lo que respecta a su gobernanza, regulación y mecanismos de control”, subraya Juan-Cruz Alli, catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y autor de El protectorado público de fundaciones (Tirant Lo Blanch, 2024). A escala europea, el sector fundacional español ocupa una posición intermedia. De acuerdo con los informes bianuales del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones, las fundaciones españolas tienen una presencia sólida, pero de tamaño medio, en comparación con otros países.
Mientras que en Reino Unido el sector de las charities tiene una influencia enorme, tanto en voluntariado como en provisión de servicios sociales, Alemania y posteriormente Italia también presentan modelos de fundaciones más integrados y desarrollados. “España se encuentra en una posición comparable a la italiana en términos de impacto económico, aunque con menor número de organizaciones”, comenta Cruz Alli. Por detrás estarían países como Francia o los del norte de Europa, donde si bien el sector tiene importancia social, su volumen económico es menor.
Lo que es un hecho es que la mayoría de las fundaciones españolas nacieron del deseo de dar respuesta a necesidades específicas. Esta aspiración original favorece, precisamente, la creación de entidades altamente eficaces, afirma Sanjurjo González, de la Fundación Princesa de Asturias. “Muchos problemas no se resuelven de un día para otro y requieren perseverancia, búsqueda de fondos y resistencia ante las dificultades”, continúa. Y todo ello se completa con el compromiso personal de quienes trabajan en ellas, personas con una enorme implicación que creen firmemente en su labor.
Un ejemplo a pie de barro
Ramona, vecina de 88 años del barrio de San Ramón, en Paiporta (Valencia), sabe de lo que habla la directora de la Fundación Princesa de Asturias. Ramona vive en este municipio desde hace más de 60 años, desde su boda. Desde entonces ha visto cambiar las calles, llegar nuevos vecinos y crecer a sus hijos. Pero nada había marcado tanto su existencia como la noche en que el agua lo arrasó todo. “Se rompió el tabique de mi habitación. Yo vivo en la planta baja y todo se vino abajo”, recuerda. Aquel día, durante la fatídica dana, su hija fue a buscarla. “Cuando salí corriendo de casa vi desde el balcón de mi hija lo que estaba pasando. Todo se me derrumbó. Y cada vez que lo cuento me pongo peor, porque lo recuerdo todo. Todo. Por eso no me gusta hablar de ello. No estoy bien”.
El ecosistema de las fundaciones españolas, aunque lejos de las grandes cifras de Estados Unidos o Reino Unido, ha crecido con firmeza gracias a múltiples fórmulas que reflejan el compromiso de la sociedad civil por cubrir necesidades no satisfechas
Hoy Ramona ha vuelto a su casa. La Fundación Colisée –entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el proceso de envejecimiento– ha ayudado a reconstruir su casa. “Me han montado la cocina. Me dieron muebles para la habitación, una salita, el comedor…”. Además, la fundación le procura atención psicológica cada semana.
Medir los resultados
El impacto social cuantificable de las actividades de las fundaciones es el principal aval que justifica su existencia, dicen en su informe Rey García y Álvarez González. En otras palabras, la legitimidad de las fundaciones ante la sociedad depende de su capacidad para generar cambios positivos y tangibles en la vida de las personas o en la comunidad. Sin embargo, demostrar esta influencia es un desafío complejo, ya que los resultados suelen ser difíciles de medir y muchas veces son de naturaleza intangible o a largo plazo, añaden estos expertos.
Lograr repercusión social positiva implica que las fundaciones encuentren un equilibrio entre su misión y las demandas de eficiencia y retorno económico, tanto para la reputación de la fundación como para satisfacer a sus principales donantes o responsables. Esta tensión interna puede dificultar la toma de decisiones y la coherencia de las acciones, haciendo que el reto de conseguir y demostrar impacto social sea aún mayor.
“No basta con ejecutar proyectos o prestar servicios, sino que es crucial medir y justificar el valor añadido que generan”, asegura Enrique Rúa, profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad CEU San Pablo. Mirando al futuro, el sector se enfrenta a diversos retos clave. “Uno de los principales es avanzar en la colaboración entre fundaciones”, afirma Sanjurjo González. “Sumando más entre sí, estableciendo alianzas y compartiendo conocimientos, se puede lograr un impacto mayor: a veces, dos más dos no suman cuatro, sino cinco”, destaca. Otro desafío es la hiperregulación, un fenómeno que afecta a todo el entorno institucional, pero que impacta especialmente en las organizaciones más pequeñas y con menos recursos.
“En este contexto, sería deseable una mayor racionalización normativa que facilite su labor sin desproteger el interés público. El sector fundacional, con foco, largo plazo y especialización, tiene todavía mucho que aportar”, dice la responsable de la Fundación Princesa de Asturias. Para los expertos de la Fundación BBVA otra tendencia deseable sería avanzar hacia una mayor profesionalización y una mejora de la transparencia y objetividad en los procesos de asignación de los recursos.
Donaciones fiscales para particulares y empresas
La reciente reforma de la Ley 49/2002 sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo supone un impulso decidido al micromecenazgo, con medidas que buscan incentivar la implicación ciudadana en proyectos de interés general.
Entre sus principales novedades destaca el aumento de los porcentajes de deducción. En el caso de las personas físicas, se eleva de 150 a 250 euros la base sobre la que se puede deducir un 80% en el IRPF. A partir de esa cifra, la deducción también mejora: pasa del 35% al 40%. Para las personas jurídicas, el beneficio fiscal en el Impuesto de Sociedades también sube del 35% al 40%. Y en ambos casos se introduce un incentivo adicional para premiar la fidelidad: quienes mantengan las donaciones a la misma entidad durante al menos dos años seguidos, por el mismo importe o superior, verán cómo su deducción aumenta hasta el 45% en el caso de particulares y al 50% para empresas.
La reforma también amplía el tipo de aportaciones que pueden beneficiarse de ventajas fiscales. Desde ahora se considera donación deducible la cesión de uso de bienes muebles e inmuebles, dentro del concepto más amplio de donación de derechos. Otra de las modificaciones relevantes es la ampliación del concepto de convenio de colaboración. Se reconoce expresamente la posibilidad de realizar aportaciones en especie, incluyendo la prestación gratuita de servicios profesionales.
Se incorpora también una nueva figura: el mecenazgo de reconocimiento o recompensa. Este permite que el donante reciba una contraprestación simbólica en forma de bienes o servicios, siempre que no supere el 15% del valor donado y con un límite máximo de 25.000 euros.
“La reforma de la Ley de Mecenazgo tampoco ha supuesto un cambio de fondo; ha sido más bien una revisión limitada de algunos artículos. Aunque ha introducido ciertas mejoras, no representa una modificación sustancial”, destaca Juan-Cruz Alli, de la UNED. Esta situación ha generado una percepción generalizada en el sector: la normativa vigente está desfasada y no se ajusta a las necesidades actuales de las fundaciones, que requieren un marco más flexible, dinámico y adaptado a los desafíos contemporáneos.
Menos burocracia
Uno de los desafíos más inmediatos en el ámbito nacional es la agilidad administrativa. “Hoy en día constituir una fundación puede tardar más de un año, lo que se convierte en una barrera importante”, resalta Márquez, de la Fundación ONCE. “También es esencial mejorar el acceso a los datos y la coordinación entre registros y protectorados. La transparencia y la visibilidad son herramientas que permiten fortalecer el sector y fomentar la mejora continua”, añade. Otro reto importante es poner en valor el talento del sector, que genera casi 600.000 empleos entre directos e indirectos, según la AEF.
Se trata de un talento diverso, alineado con principios de igualdad de oportunidades, que enriquece el cumplimiento de la misión fundacional. En este sentido, la atracción de los jóvenes es fundamental. Las fundaciones comparten valores y compromisos muy afines a los de las nuevas generaciones, pero muchas veces estas no conocen el sector ni lo contemplan como una opción profesional. Fomentar esa conexión sería un beneficio mutuo incuestionable. “El futuro no será de las fundaciones más grandes ni de las más visibles”, sostiene Prendes, de Telefónica. “Será de las más lúcidas y de las que vivan con pasión su razón de ser. De aquellas que entiendan que el valor no está en perdurar, sino en servir mejor, con propósito, con ética y con audacia”.
Sobre la firma