La UE, ante la urgencia de reducir la burocracia verde

La Venera 4 se achicharró, aplastada por la presión de Venus. Su alarma, sin embargo, resonó en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima de 1979, donde se confirmó la gravedad del reto. Europa, concienciada por la contaminación post Segunda Guerra Mundial, ya se había adelantado con el Primer Programa de Acción Ambiental de 1973, que estableció principios como el de “quien contamina, paga”. Desde entonces, el Viejo Continente ha desplegado un abanico regulatorio que, a lo largo de las décadas, ha vivido momentos de moderación, revisión y búsqueda de equilibrio entre protección ambiental y competitividad económica. En este tiempo, la normativa verde ha sido vista por algunos como un freno a la economía (al aumentar los costes de producción) y por otros como una oportunidad (al impulsar la innovación y crear nuevos mercados, como el de las tecnologías limpias).

Ese debate ha sido reavivado por el informe que presentó Mario Draghi en septiembre de 2024, donde instaba a la Unión Europea (UE) a simplificar la carga administrativa. La Comisión Europea aceptó el reto con un paquete de propuestas para reducir y simplificar algunas regulaciones medioambientales: el Paquete Ómnibus I. La idea es generar ahorros anuales en costos administrativos de unos 6.300 millones de euros. Esto se traduce en medidas como aplazar hasta 2028 las obligaciones de información sectorial de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a las empresas a informar de manera transparente sobre sus impactos. También simplifica los requisitos de reporte para las pymes en el marco de la Directiva sobre Diligencia Debida (CSDDD), que exige actuar, identificando y mitigando posibles daños en toda su cadena de valor, y de la Taxonomía de la UE (el sistema de clasificación que define qué es sostenible para evitar el greenwashing).

La propuesta de simplificación busca, por ejemplo, hacer que el reporte bajo la CSRD sea mucho más pragmático. Para lograrlo se plantea agilizar el complejo proceso de doble materialidad, el análisis que define qué temas de sostenibilidad son relevantes para la empresa y sus stakeholders. Se pretende reducir, de igual forma, el número total de estándares de divulgación exigidos, enfocándose solo en la información esencial. “Es un cambio de enfoque”, afirma Nuria Rodríguez Peinado, presidenta de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (Dirse). “El marco normativo CSRD incorpora más de 1.000 puntos de datos a analizar”, afirma Xavier Vallés, managing director de Neture Impact, la consultora de impacto positivo de WPP. En su versión original, 50.000 empresas en Europa están obligadas a cumplirla. Pero su complejidad ha llevado a que muchas compañías reestructuren sus operaciones en torno al cumplimiento y al reporte. “La CSRD es excesivamente compleja y se intentó implantar demasiado deprisa”, argumenta Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España.

Las empresas obligadas

Con el cambio de Ómnibus, según la propuesta del Parlamento Europeo del 13 de noviembre, se excluiría a cerca del 92% de las empresas para centrar las obligaciones de reporte únicamente en las de mayor tamaño, con más de 1.750 empleados y un volumen de negocio de 450 millones de euros. Para estas, la implementación se pospondría dos años, hasta 2028 en lugar de 2026, y se eliminaría el informe obligatorio para las pymes cotizadas. Adicionalmente, se protegería a las empresas más pequeñas en las cadenas de valor, se detendría la creación de nuevos requisitos sectoriales y se elevaría el umbral para las compañías no pertenecientes a la UE a 450 millones de euros de ingresos generados en el territorio comunitario. Estos cambios dependen de las negociaciones finales que llevarán a cabo el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. En cualquier caso, las empresas tendrán que estar preparadas para cualquier cambio. “La simplificación propuesta busca aliviar la carga administrativa, especialmente para las pymes, y puede ser vista como un impulso a corto plazo para la competitividad”, asegura Pablo Bascones, miembro del Comité de Sostenibilidad de CFA Society Spain y socio responsable de sostenibilidad y cambio climático de PwC. “Dicho lo cual, cuando se analizan los cambios, te das cuenta de que no solo hablamos de simplificación, sino también de desregularización, ya que eliminan a muchas empresas del ámbito de aplicación de la norma”, agrega el experto. En cuanto a la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), se otorgaría a las empresas más grandes un año adicional de plazo (hasta 2028) para su aplicación. El proceso de diligencia se actualizará solo cada cinco años y se eliminará la obligación de un plan de transición climática. El objetivo principal es reducir el “efecto cascada” sobre las pymes, limitando la información que pueden solicitar las grandes empresas, suprimiendo la responsabilidad civil paneuropea y enfocando la implicación solo en los grupos de interés directamente afectados. Asimismo, se reduce la obligación de poner fin a las relaciones comerciales cuando haya un impacto en derechos humanos por parte de la compañía con la que se mantenga una relación comercial.

Costes muy moderados

Respecto a la Taxonomía, se limita la obligación de reporte a las empresas más grandes y se reduce significativamente la carga administrativa al simplificar los criterios más complejos (especialmente los de contaminación), reducir las plantillas informativas en un 70% e introducir la opción de reportar actividades solo parcialmente alineadas.

El 55% de los directivos europeos cree que las prácticas sostenibles impulsan la competitividad de sus compañías, frente a solo un 21% que las considera irrelevantes

“Diversos economistas señalan que se está utilizando la competitividad europea como argumento frente a problemas estructurales, como la crisis energética, el descenso de la demanda interna, la debilidad de los servicios públicos y políticas industriales inadecuadas”, comenta Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma Por Empresas Responsables. Para esta experta, la aplicación original de las medidas incluidas en el Paquete Ómnibus afecta de manera mínima la cuenta de resultados de las empresas obligadas a cumplir la legislación. Los costes de implementación de la CSDDD son muy moderados. Un estudio de la London School of Economics (LSE), encargado por la Comisión Europea, estima los costes de implementación de las obligaciones de diligencia debida en derechos humanos y medioambientales para las grandes empresas en un promedio del 0,009% de sus ingresos.

“Los maximalistas no son favorables a la revisión ya que perciben que el cambio puede significar una rebaja de la ambición europea en sostenibilidad”, indica Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética. “Los reduccionistas, por el contrario, consideran que los cambios son insuficientes y que es preciso reducir más la exigencia”, agrega este experto. “Nuestra visión es que se trata de un proceso de mejora continua”. Este especialista explica que la sostenibilidad empresarial ya era una práctica consolidada entre las empresas líderes europeas antes de que surgiera una agenda regulatoria. “Aun cuando algunas modificaciones puedan suponer una relajación de los criterios, las compañías van a seguir desarrollando su agenda ambiental y social”. De hecho, un grupo de grandes empresas escandinavas como Ikea, Lego, el gigante joyero Pandora y las energéticas Ørsted, Norsk Hydro, Statkraft y Neste expresaron el pasado septiembre su apoyo a la versión original de la Directiva de la UE sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa. No han sido las únicas. Un grupo de 480 empresas, inversores y proveedores de servicios (entre ellos Allianz, Aldi, EDF, Decathlon y Nokia) ha enfatizado en una declaración conjunta la importancia de preservar el núcleo del marco de finanzas sostenibles de la UE. “Las normas sobre el reporte de sostenibilidad, los planes de transición, los objetivos climáticos y la diligencia debida corporativa son un cimiento clave para alcanzar los objetivos económicos y de sostenibilidad de la UE. Mejorar su implementación es una prioridad”, dicen los firmantes en el documento lanzado a principios de octubre. Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, dice que Europa hace frente a un escenario complejo en el que el cuidado del medio ambiente se ha transformado en una discusión política entre los miembros de la zona y sus empresas. “Algunos países, con economías actualmente frágiles como Francia o Alemania, apoyan fuertemente las flexibilizaciones. Son economías con peso dentro de la UE, totalmente favorables a la desregulación y a rebajar los objetivos de sostenibilidad. Esto responde a factores geopolíticos”, afirma.

¿Es o no un paso atrás?

Vázquez añade que, desde un punto de vista competitivo, reducir la carga administrativa y el impacto en su coste es un argumento débil y, además, deteriora la imagen de la UE como referente de sostenibilidad. “La reducción de estándares afecta la responsabilidad social de las empresas, la ambición climática, la protección de la biodiversidad y los derechos humanos, comprometiendo el cumplimiento de objetivos de forma directa y medible”. En el corto plazo, asegura este último especialista, puede haber beneficios para ciertos actores, pero a medio plazo el cambio de rumbo es un error estratégico. Para Pueyo, de KPMG, el mensaje central es claro: la sostenibilidad sigue siendo prioritaria en Europa. “Lo que cambia son los tiempos. La Unión Europea quiere acompasar los plazos de las compañías para evitar una sobrecarga regulatoria, pero sin renunciar al objetivo. No es un paso atrás en sostenibilidad, es un ajuste en el ritmo de implantación”. La clave estará en cómo las empresas aprovechen esta flexibilidad. “Si la usan para invertir los presupuestos que tenían para la CSRD en integrar la sostenibilidad de forma estratégica, puede ser una oportunidad; si la interpretan como una vía para desentenderse, será un retroceso”, arguye Bascones, de CFA Society Spain y socio responsable de sostenibilidad y cambio climático de PwC.

Casi 10.000 millones de euros

Vallés, de WPP, afirma que distintos estudios sectoriales señalan que actualmente entre el 20% y el 40% del presupuesto de sostenibilidad de compañías medianas y grandes se dedica a tareas de reporte y cumplimiento normativo en Europa, lo que puede elevar el gasto agregado europeo a más de 9.700 millones de euros anuales. Silvia Iranzo, consejera independiente y exsecretaria de Estado de Comercio, ha publicado un estudio sobre el impacto del paquete Ómnibus en el mercado español. En su informe dice que el cumplimiento riguroso de la CSRD y CSDDD supondría un coste medio anual de 1,2 millones de euros por empresa obligada.

A ello se suman costes indirectos, como la posible pérdida de clientes y proveedores, la deslocalización de operaciones y un menor atractivo para la inversión extranjera directa, debido a una normativa considerada más exigente que la de otras regiones del mundo. La experta asegura que la nueva CSRD multiplica por 10 el número de indicadores que ya se reportaban, superando el millar, lo que obliga a las empresas a detallar políticas, riesgos, impactos y avances en sostenibilidad. La CSDDD, por su parte, introduce la obligación de aplicar procesos de diligencia debida en derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, los proveedores directos y los de estos, independientemente de su localización geográfica. A modo de ejemplo, Iranzo pone el ejemplo de El Corte Inglés, con 25.588 proveedores, y Telefónica, con 14.000. Cada trabajo de diligencia debida puede costar desde algunos miles de euros a muchas decenas de miles, en función del tamaño del proveedor y de la complejidad de su cadena productiva, añade. “Los ajustes aligeran cargas y plazos, lo cual permite a muchas compañías centrarse en integrar la sostenibilidad en la estrategia, y que lo vean como una oportunidad, y no tanto en reportar lo que han hecho”, abunda Rodríguez Peinado, de Dirse. Esta última experta, también directora de Sostenibilidad de Naturgy, indica que la firma formaba parte de la primera ola de entidades que tenía que reportar en 2024. “El esfuerzo que supuso la aplicación de los nuevos requisitos en la elaboración del informe anual de sostenibilidad fue mayúsculo”, asegura. Según esta experta, ante la incertidumbre de la regulación contemplada en el paquete Ómnibus respecto al reporte en 2025, la postura más prudente fue mantener la continuidad con la práctica del ejercicio anterior.

Una ventaja competitiva

Una encuesta reciente del think tank E3G sobre el clima subraya que los líderes empresariales europeos ven las normas de sostenibilidad no solo como una obligación, sino como una ventaja competitiva. La mayoría de los directivos (55%) afirma que adoptar prácticas sostenibles impulsa la competitividad de sus compañías, frente a un 21% que lo considera poco relevante. Esta percepción es especialmente fuerte en las empresas medianas y grandes (250 a 999 empleados), donde el 77% identifica la sostenibilidad como un factor clave. El sondeo, realizado por YouGov a 2.543 líderes empresariales de cinco mercados europeos (Francia, Alemania, España, Italia y Polonia), indica que la convicción también es alta entre las firmas con cadenas de suministro fuera de la UE (69% lo ve como una ventaja) y aquellas que enfrentan riesgos de derechos humanos o ambientales con proveedores indirectos (el 61% admite su importancia).

Los resultados también reflejan una relación directa entre sostenibilidad, reputación y rentabilidad. El 59% de las empresas aseguran que las políticas sostenibles mejoran ambos aspectos, frente al 18% que considera que no aportan beneficios. Entre las medianas y grandes, el 76% comparte esta visión, y entre las muy grandes, el 71%. Además, el 68% de los líderes empresariales cree que la Unión Europea y las compañías del continente deben ejercer un papel ejemplar en sostenibilidad a nivel global. Solo el 10% no está de acuerdo en este punto. Este consenso se mantiene estable entre medianas, grandes y muy grandes empresas (74%) y se sitúa en el 66% entre las pymes. De acuerdo con Acero, la coordinadora de la Plataforma Por Empresas Responsables, el futuro estará lleno de regulación ante un planeta cada vez más contaminado. “Debemos recordar que simplificar excesivamente la regulación en Europa traslada costos en derechos humanos y medio ambiente a otros países, afectando a todo el planeta”, concluye.

Un mercado potencial de billones de euros

Según la UE, los sectores industrial, energético y financiero serán los principales beneficiados por la reducción de la carga administrativa. A su vez, el sector agroalimentario y de consumo obtendrá ventajas indirectas gracias a una mayor claridad y a la eliminación de duplicidades en la trazabilidad de sus productos.

No obstante, simplificar la regulación no implica restarle importancia estratégica. “Nosotros creemos que las empresas que no implementan la sostenibilidad de acuerdo con la normativa y más allá, lo que están haciendo es perder competitividad a futuro”, asevera Javier Molero, director del departamento de proyectos y Agenda 2030 en Pacto Mundial.

De acuerdo con este experto, los mercados se están transformando para dar respuesta a las necesidades del siglo XXI. “Según el Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, en 2035 las industrias sostenibles serán las dominantes en los mercados mundiales”, afirma. “Esta cuestión no es especulativa, sino que refleja la dirección de la innovación, la inversión y la presión competitiva que ya están dando forma a la economía mundial”. Muchos sectores tradicionales, añade, ya se están reconstruyendo, y se prevé que el mercado de soluciones sostenibles alcance un valor de billones de euros en los próximos años.

“La transición económica hacia un nuevo modelo productivo es inevitable; es decir, una reestructuración fundamental del modo en que las economías producen y consumen recursos”, añade Molero. Aunque esta transición no sea lineal, su impulso es innegable y ya está en marcha. “Internet, la crisis financiera de 2008, el auge de la inteligencia artificial y la transformación en sectores como la energía y la automoción demuestran que el cambio puede llegar más rápido de lo esperado y, a menudo, dejar atrás a las empresas que no se anticipen a él”. En este contexto incierto, explica el especialista, las empresas deben analizar con racionalidad los escenarios futuros y considerar sus riesgos. “La toma de decisiones debe tener en cuenta no solo el coste de la acción, sino también los riesgos empresariales de la inacción”, señala.

Al mismo tiempo, es crucial identificar las oportunidades que surgen de estos grandes cambios. “Cada sector se verá afectado de forma diferente: las instituciones financieras verán cómo se reescriben los modelos de riesgo; las empresas de bienes de consumo deben replantearse las cadenas de suministro; la alimentación y la agricultura deben pasar a una producción ecológica con un uso eficiente del agua, y los fabricantes industriales tendrán que pivotar hacia la producción circular y las fuentes de energía renovables”.