El tribunal administrativo de Hacienda frena el salto de Renfe al autobús

El concurso lanzado por Renfe para captar un socio con el que crear una empresa propia de autobuses, en la que la operadora ferroviaria se reserva el 49% del capital, ha sido parado de forma cautelar por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda. Renfe contaba ya con las propuestas de tres de las mayores referencias del transporte por carretera -Alsa, Avanza y Monbus-, pero también tenía en su contra los recursos presentados por las asociaciones Anetra y Fenadismer ante el citado TACRC.

La suspensión cautelar del proceso responde a posibles “perjuicios de difícil o imposible reparación” para el sector del autobús, dice la sentencia. El sector tiene en Renfe un importante cliente cada vez que debe activar planes alternativos de transporte por carretera. Las denunciantes, que representan a pequeñas y medianas compañías, firman un comunicado conjunto en el que dicen no entender “por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas”. En lugar del proceso activado el pasado mes de marzo, las asociaciones demandan “una licitación transparente que garantice la participación real de todo el sector y no solo de un puñado de grandes corporaciones”.

Otro de los colectivos que se consideraba damnificado por la iniciativa de la operadora ferroviaria, Direbús, ha aplaudido la decisión del tribunal administrativo y reclama que Renfe Viajeros desista de su intención de continuar con ese procedimiento. Desde la asociación que agrupa a unas 700 pymes también se afirma que el proyecto de Renfe “deja atrás a la mayoría de empresas del sector”, por lo que propone una nueva licitación por lotes “como se realiza en otros organismos de la administración central”.

La elección del socio mayoritario para la creación de la empresa de autobuses de Renfe, que sería utilizada solo para servicios propios, queda paralizada mientras el TACRC resuelve el fondo del recurso. Alfonso Taborda, presidente de Direbús, ha destacado que “la mayoría de empresas asociadas con nosotros operan con 20 a 60 vehículos, y muy pocas superan los 80 en una misma sociedad. Por tanto, una licitación que exige 300 vehículos mínimo favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas que ya vienen siendo beneficiadas por el trato preferente de las distintas administraciones. No es de recibo que un operador estatal se comporte de esta manera”.

La apertura de un concurso por parte de Renfe en busca de un inversor y operador para actuar en el transporte por carretera, adelantada por El PAÍS, levantó un fuerte revuelo entre las pymes del transporte profesional. También despertó interés entre las grandes operadoras del sector. En función de sus participaciones, Renfe y su compañero de proyecto cubrirían la inversión para hacerse con una flota de 50 a 100 autobuses nuevos. La compañía se ha previsto para un periodo de diez años de explotación.

El objetivo de la participada de Renfe iba a ser atender los planes alternativos de transporte (PAT) en respuesta a proyectos de construcción en la red ferroviaria, previstos ya por Adif para los próximos años. La firma dependiente del Ministerio de Transportes ha tratado de tranquilizar en las últimas semanas al sector del autobús asegurando que seguiría contratando a empresas externas para servicios de urgencia y parte de los PAT previstos.

Desde la dirección de Renfe se argumenta la necesidad de crear una compañía propia a la vista de que muchos de sus concursos para hacerse con servicios por carretera quedan desiertos o se resuelven a precios altos. Un 85% de los costes en planes alternativos de transporte se deben en estos momentos a eventualidades planificadas, mientras que el 15% restante es debido a imprevistos. La necesidad de autobuses por parte de Renfe alcanza picos de 400 unidades.

En los presupuestos de la compañía que preside Álvaro Fernández Heredia figura afrontar un coste anual de 60 millones para mantener su futura filial de autobuses. El uso de vehículos propios ofrecería un ahorro estimado de 90 a 130 millones de euros en los próximos diez años, lo que supone un recorte del 10% al 15% respecto al actual gasto en planes de transporte por carretera. Y es que, el coste por la contratación de transporte por carretera ha dado un salto del 825% desde los 7,3 millones de 2020 hasta los 68,1 millones de 2025. Para 2026, Renfe espera un gasto próximo a los 43 millones y en 2027 hay presupuestados 68,5 millones de euros en base a la planificación de obras de Adif.

La llamada para la presentación de ofertas concluyó ayer miércoles. Las interesadas debían superar criterios de solvencia como haber facturado un mínimo de 75 millones de euros en el mejor de los tres últimos ejercicios y tener en propiedad un mínimo de 500 autobuses. En caso de concurrencia en unión temporal de empresas, uno de los socios tenía que disponer de un mínimo de 300 vehículos en propiedad.

Desde las asociaciones denunciantes se estimó que estos filtros favorecían a los gigantes del sector. Anetra y Fenadismer afirman que “no a permitir que se desmantele el acceso de las pymes a los contratos públicos mediante condiciones de acceso imposibles de cumplir”.