El Gobierno reactiva un observatorio para combatir el aumento de las bajas laborales

El Ejecutivo ha retomado este lunes con los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE-Cepyme las negociaciones para introducir cambios en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, ante el creciente problema de las ausencias al trabajo. Tras la reunión, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha anunciado la creación “inminente” de un Observatorio de la Incapacidad Temporal, en el que estarán presentes, además de este departamento, el Ministerio de Sanidad y los interlocutores sociales.

El observatorio, para cuyo arranque no hay fecha concreta, no es ninguna novedad. Así lo ha recordado la responsable de Relaciones Laborales de CEOE y representante de la patronal en la negociación, Rosa Santos, quien ha recordado que la creación del órgano de análisis ya se incluyó en el Real Decreto sobre medidas de Seguridad Social publicado en el BOE el 24 de diciembre de 2024, pactado por el Gobierno y los agentes sociales.

El texto ya instaba hace más de un año al Gobierno a que “en el plazo de 3 meses”, creara una comisión de seguimiento estatal —que es como se llamó entonces lo que este lunes se ha denominado “observatorio”— para el análisis de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Dicho análisis se debía llevar a cabo “incluyendo el seguimiento de las causas, la incidencia y duración de los procesos; procediéndose a estudiar el impacto que la respuesta del Sistema Nacional de Salud, en cada uno de los ámbitos, tiene en los procesos de incapacidad temporal”. Además, el texto legal pedía que la comisión estableciera “líneas de actuación dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras y así reducir el número de procesos y su duración, incluido el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones”.

El observatorio de la incapacidad temporal anunciado este lunes, que “tendrá vocación de permanencia”, según Suárez, tendrá las mismas funciones: analizar de forma sistemática la IT en España; mejorar la eficacia, equidad y calidad de sugestión; detectar tendencias, riesgos y buenas prácticas, y apoyar el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia, según ha detallado el ministerio.

Suarez ha recordado este lunes que en el observatorio estarán presentes la Seguridad Social, el ministerio de Sanidad y los interlocutores sociales. No asistirán, sin embargo, las comunidades autónomas, a pesar de ser las responsables directas de los servicios de salud de atención primaria, así como de los especialistas, cuyos facultativos son los encargados del proceso de bajas laborales por contingencias comunes al completo.

De hecho, la importancia de los responsables autonómicos sanitarios es tal que otra medida, acordada también en diciembre de 2024, fue la creación de convenios entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Estos debían materializar un acuerdo al que habían llegado un año antes la patronal y los sindicatos para que, siempre con el consentimiento de médico y trabajador, se pudieran derivar las pruebas diagnósticas en las bajas de origen musculoesquelético a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El real decreto de diciembre de 2024 también preveía que la comisión estatal de seguimiento realizara “la vigilancia y el control de la ejecución de los convenios de los servicios públicos de salud con las mutuas, así como para evaluar el funcionamiento operativo de los mismos, estudiar y proponer la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación”.

Pero una de las primeras cosas que podrá constatar el futuro observatorio, de constituirse pronto, será precisamente el escaso desarrollo que han tenido estos convenios. De momento, solo tres comunidades (Cataluña, Asturias y Baleares), además de Ceuta y Melilla, han ratificado estos acuerdos. Suárez ha explicado que la lentitud en la firma de los convenios entre la Administración central y las autonomías se debe a “los muchos actores” que influyen en estos procesos. Por ello ha asegurado que, en el encuentro de este lunes, han acordado que los empresarios y los sindicatos, “cada uno dentro de su nivel de interlocución”, refuercen las negociaciones para que estos pactos se firmen.

Reunión el lunes próximo

El Gobierno también se ha comprometido a reenviar en los próximos días las propuestas sobre agilización de la gestión de las bajas por incapacidad temporal que ya trasladó a los empresarios y sindicatos en la última reunión mantenida el 13 de octubre. Las partes han acordado volver a reunirse el próximo lunes aunque no se esperan grandes modificaciones en el nuevo texto que, según el secretario de Estado de Seguridad Social, tendrá alguna corrección solo de redacción, pero no de contenido. Entre las medidas que abordarán la próxima semana estarán, previsiblemente, el diseño de la reincorporación progresiva de las bajas, que resultó muy polémica al ser anunciada bajo un concepto de bajas flexibles por parte de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

En general, entre el resto de medidas que planteará el ministerio, habrá algunas que tendrán carácter reglamentario y que, por tanto, el Gobierno podrá aprobar sin pasar por el Congreso. Es el caso de la regulación para constituir una nueva Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, que incluirá a los equipos de valoración de incapacidades que se determinen. Este organismo, que dependerá del Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionará los procesos de bajas laborales que, generalmente por durar más de un año, pasan a ser gestionados por este organismo.