Consumo investigará posibles rebajas fraudulentas de las empresas durante el ‘Black Friday’

El Ministerio de Consumo ha anunciado este lunes que va a iniciar una campaña de investigación de las “posibles rebajas engañosas” que puedan suceder durante el Black Friday, que se celebrará el próximo 28 de noviembre y en los días previos. Así, el departamento que dirige Pablo Bustinduy va a acometer una “monitorización masiva de precios para detectar rebajas fraudulentas”, es decir, vigilar que las empresas no suban el precio de los productos antes de esta campaña comercial para luego rebajarlo a su precio original, lo que transmite una falsa sensación de poder comprar un producto con un precio reducido. Bustinduy ha asegurado en conferencia de prensa que las sanciones graves pueden ascender a “entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido” mediante estas técnicas y que “las empresas que intenten ganar dinero engañando a los consumidores van a pagar por ello”.

En esta campaña, Consumo se va a centrar en los operadores de comercio electrónico, poniendo “especial atención” a los productos textiles, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos.

Desde el ministerio han asegurado que han ampliado el catálogo de las prácticas comerciales desleales que podrán ser sancionadas. Por ejemplo, se va a monitorizar la técnica conocida como precio por goteo, que supone que una parte del coste total del producto se oculta al inicio del proceso de compra y que solo aparece más tarde. También se va vigilar el uso de datos personales para establecer precios para cada consumidor.

Para evitar las compras impulsivas durante el Black Friday también se pretenden limitar las técnicas de venta bajo presión, como el uso cuentas atrás “irreales” o “mensajes falsos” de escasez o cualquier otro mecanismo que pretenda generar una “sensación artificial de urgencia” de comprar un producto o servicio. Además, también se están monitorizando las campañas de precio engañosas en las que se pretenda relacionar el bajo coste de un producto con otro más elevado que “no ha sido utilizado de forma habitual, generando ”un ahorro muy superior al real". Todas estas prácticas suponen una infracción del artículo 20 de la ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Bustinduy ha asegurado en la sede del ministerio que en anteriores ediciones de esta campaña de vigilancia se han realizado numerosas investigaciones que han finalizado este verano. Así, ha destacado que se han impuesto multas por valor total de 350.000 euros que han sido avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.​

Ante estas prácticas, Bustinduy ha señalado que “ninguna empresa está por encima de la ley” y que “ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de los derechos de las personas consumidoras”.

Además de anunciar esta campaña del vigilancia, el ministro también se ha pronunciado sobre la enmienda introducida por el PP en la ley de Movilidad Sostenible y aprobada por el Congreso de los Diputados la semana pasada para que los viajeros puedan reclamar indemnizaciones del 50% y el 100% del importe de un billete si se hay un retraso de 15 y 30 minutos, respectivamente. Ha asegurado que resulta “difícil de entender que operadores privados que han venido a España a explotar una importantísima infraestructura de ferroviaria de alta velocidad con un esfuerzo de inversor por parte del Estado gigantesco tengan condiciones de explotación diferentes y menos exigentes que las que tiene el operador público”.

Respecto al expediente que abrió Bruselas a España por sancionar a las aerolíneas que cobren por el equipaje de mano, ha afirmado que, pese a todo, su posición “no va a cambiar” y que le sorprende que la Comisión Europea “se posicionase del lado de las grandes aerolíneas” y no de los consumidores.