Vivienda construirá 1.332 casas asequibles en terrenos de antiguas cárceles en cinco comunidades

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Vivienda, el traspaso al patrimonio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) de terrenos e inmuebles pertenecientes al Ministerio del Interior, y que están valorados en más de 78 millones de euros. Se trata de suelos distribuidos por ocho territorios de cinco comunidades autónomas diferentes, y que en el pasado tuvieron un uso carcelario. En ellos, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha previsto la construcción de 1.332 viviendas de protección oficial. “Todas las ubicaciones tienen aprobado su planeamiento, y esperamos poder construir lo antes posible”, ha indicado la ministra Rodríguez en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo.

Las ocho instalaciones y los terrenos que serán gestionados a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Sepes, el organismo dependiente del Ministerio de Vivienda que se convertirá en el epicentro de todo el plan de ampliación del parque de vivienda pública que ha diseñado el departamento de Rodríguez, se encuentran localizados en Carabanchel (Madrid) ―tal y como adelantó EL PAÍS―, Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).

De entre todos ellos, el terreno más voluminoso es el correspondiente a la antigua cárcel de Carabanchel, derribada en 2008, (27.000 metros cuadrados), donde el Ministerio pretende construir 508 viviendas, además de un hospital. “Esta mañana me he dirigido a los distintos ayuntamientos en los que se emplazan estos suelos para agilizar la tramitación urbanística, y que cuanto antes estas instalaciones puedan ser una vivienda”, ha indicado la ministra Rodríguez.

Por tanto, el reparto de las 1.332 viviendas accesibles queda distribuido de la siguiente manera: cárcel de Carabanchel (508), cárcel de La Ranilla, en Sevilla (240); antigua cárcel de Córdoba (174); la “casa de los ferroviarios” en Dénia (145); la cárcel Provincial de Huesca (140); la cárcel de Torrero, en Zaragoza (64); la cárcel de Segovia (53); y la cárcel de Briviesca, en Burgos (8). Además de reutilizar esos terrenos, muchos de ellos abandonados, para ampliar un parque público muy alejado de los estándares europeos, Rodríguez ha señalado que su conversión en viviendas accesibles servirá también para “resignificar” lo sucedido años atrás en esos espacios, como los encarcelamientos y torturas a presos políticos ocurridas en la cárcel de Carabanchel durante la represión franquista.

Parque creciente

Esta cesión de activos por parte del Ministerio del Interior se suma al de otros departamentos como el de Defensa (1.000 viviendas proyectadas), o de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más coloquialmente tildada como el banco malo (30.000 casas y 2.400 suelos), con los que el Ministerio de Vivienda pretende construir un total de 55.000 viviendas asequibles en los próximos años.

En opinión de Rodríguez, todos estos movimientos confirman el compromiso del Gobierno por “impulsar un sistema público de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada”. Al mismo tiempo, ha recordado, que sus esfuerzos van dirigidos a conformar “un sistema público de vivienda, igual que contamos con uno educativo o sanitario”.