El Gobierno se expone a una batalla legal en el Supremo si veta la opa del BBVA

El BBVA se guarda una bala contra el Gobierno si este finalmente opta por imponer unas condiciones tan duras a la opa sobre el Sabadell que haga descarrilar la transacción. Según aseguran fuentes jurídicas, la entidad tendría margen para judicializar la cuestión y limitar la potencia a la hora de parar la operación del Ejecutivo, quien también ha recibido un tirón de orejas en este sentido por la Comisión Europea.

La opa hostil sobre el Banco Sabadell ha entrado de lleno en el ámbito político. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio su visto bueno a la transacción, condicionada a una serie de compromisos (remedies, en la jerga) que abarcan, entre otras cuestiones, el mantenimiento de las condiciones comerciales durante tres años en zonas con uno, dos o tres competidores; no cerrar oficinas en zonas despobladas o de baja renta, o mantener el crédito a corto plazo a las pymes y a medio y largo plazo bajo determinadas circunstancias, con un tratamiento especial para las pequeñas empresas de Cataluña y Baleares.

Al haber llevado la CNMC el análisis de la operación a una segunda fase, esto abre la puerta a la intervención del Ejecutivo. El Ministerio de Economía elevó la semana pasada el análisis de la cuestión al Consejo de Ministros, que tiene un mes natural para resolver. La ley de Defensa de la Competencia establece que puede imponer condiciones adicionales, debidamente motivadas, que no versen sobre la defensa de la competencia, sino sobre interés general. Por ejemplo, defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud pública, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

Unos criterios lo suficientemente vagos como para dar un amplio margen de actuación al Gobierno. Amplio, pero no infinito. Algunas fuentes jurídicas dudan incluso de que el Ejecutivo tenga la capacidad de endurecer las condiciones. Su interpretación de la ley es que la norma se plantea para reducir unas condiciones de Competencia excesivamente altas que comprometan una operación que tenga sentido por el interés general.

Como argumentos esgrimen que el Gobierno solo puede intervenir si la CNMC impone compromisos o condiciones o veta una operación, pero no si la aprueba limpia. También ponen el único ejemplo en el que el Ejecutivo ha hecho uso de esta facultad, la fusión entre Antena 3 y La Sexta. En ese caso, el Consejo de Ministros redujo las condiciones y las igualó con las que impuso al matrimonio entre Telecinco y Cuatro, aludiendo a la defensa del pluralismo informativo y por el dividendo digital. Por otro lado, otras fuentes defienden que la literalidad de la ley no impide al Gobierno adoptar un papel más restrictivo.

Sea como fuere, la Ley de Competencia pone un obstáculo al BBVA, al requerir que la transacción cuente con la aquiescencia del Ejecutivo, pero también le da margen de maniobra para responder. Le da la potestad de recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En este contexto será clave cómo motive su decisión el Consejo de Ministros. La consulta popular sobre la oferta servirá de base para esa argumentación, dado que el Ministerio de Economía prepara un informe en el que recogerá sus conclusiones. Por el momento, el Ministerio de Trabajo (uno de los cinco departamentos que solicitaron a Economía que elevase la opa al Consejo de Ministros) reclamó que se impusiesen cuatro condiciones. Se trata de prohibir los despidos, el cierre de oficinas y la fusión entre ambas entidades posterior a la opa, así como blindajes al crédito de pymes y a las condiciones comerciales.

La actuación del Gobierno en la opa no está condicionada solo por evitar un eventual frente judicial, también por el toque de atención recibido por Bruselas. Un portavoz de la Comisión Europea afirmó el martes que “no ve razones que justifiquen el bloqueo o el rechazo de la operación”, al tiempo que ha reclamado que la decisión del Ejecutivo esté alineada con las decisiones de las autoridades competentes”. Cuerpo defiende que el Gobierno solo aplica la ley española y fuentes próximas al Sabadell restan importancia al papel de ese portavoz, mientras que la Comisaria del ramo, María Luís Alburquerque, ha evitado pronunciarse directamente sobre este asunto.

En puridad, la operación del BBVA hace tiempo que llegó a los juzgados. Varias asociaciones, como Foment del Treball o Cepyme, reclamaron ante la Audiencia Nacional el hecho de que la CNMC rechazase su personación en el expediente de la opa. Este mismo organismo también analiza la legalidad de la consulta pública planteada por el Gobierno.