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La mitad de los 9.600 pisos turísticos ilegales detectados por Consumo en Galicia están en Pontevedra

El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy acredita que hay 4.560 anuncios sin número de registro para anunciarse

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Carlos Molina

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido hoy a la Xunta de Galicia un archivo digital con los datos que ha recopilado la Unidad de Análisis de Consumo en relación al número de viviendas que se anuncian en plataformas online como alojamientos turísticos en esta comunidad autónoma. De ellos se concluye que de los 15.740 anuncios en las distintas plataformas, como Airbnb o Booking, hay al menos 9.647 ilegales, ya que no cuentan con el preceptivo número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia o, en su defecto, con una declaración responsable.

El archivo remitido por Consumo muestra como la mitad de los pisos turísticos ilegales (4.560) están en la provincia de Pontevedra. En concreto cuenta con 7.138 anuncios, de los que solo 2.578 poseen un número de inscripción o declaración responsable. Consumo recuerda que no disponer de esos documentos representa una infracción grave de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia, y también ha remitido una carta a la Xunta de Galicia, en la que insta al Ejecutivo autonómico a colaborar las distintas administraciones implicadas en la lucha contra estos delitos. “Esta información [la facilitada en el archivo digital] puede facilitar la apertura de procedimientos por parte de la Xunta de Galicia para retirar estos anuncios, solicitar el cese de su actividad e, incluso, abrir posibles expedientes sancionadores”, recalca.

La ofensiva de Consumo contra los anuncios de pisos turísticos ilegales en Galicia es la segunda parada de un plan global que quiere aterrizar en distintas autonomías para, según propias palabras de Bustinduy, “acabar con el descontrol de los pisos turísticos y para perseguir su oferta ilegal”. La primera parada tuvo lugar en Madrid, donde presentó el pasado mes de marzo otro archivo digital al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el que denunció que apenas un 6,9% de los anuncios ofertados en plataformas digitales corresponde a alojamientos con licencia.

El departamento dirigido por Bustinduy cruzó los datos de los 16.335 pisos turísticos en la ciudad de Madrid con los 1.131 permisos de funcionamiento para esta actividad concedida por el Ayuntamiento de Madrid —en el marco del Plan Reside, presentado en noviembre de 2024 y cuya puesta en marcha está prevista para el mes de agosto—. El resultado era que existían, al menos, 15.204 pisos vacacionales que operan al margen de la ley, por carecer de licencias.

El informe de Consumo en Galicia alerta de que se podrían estar cometiendo otras irregularidades, puesto que la publicidad de viviendas de uso turístico también está afectada por distintas normas municipales. Y pone como ejemplo lo que está sucediendo en Santiago de Compostela, donde se han detectado 406 anuncios de viviendas de uso turístico, lo que contrasta con el hecho de que el consistorio de la ciudad solo ha concedido 66 licencias para alojamientos turísticos. “Habría más de 300 viviendas de uso turístico operando y anunciándose de manera irregular”. Bustinduy estuvo reunido hace un par de semanas con Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago de Compostela, a la que también entregó un archivo digital con información recopilada por la Unidad de Análisis de Consumo con datos específicos de la ciudad de Santiago.

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Sobre la firma

Carlos Molina
Periodista de la sección de Empresas, especializado en hoteles, turoperadores, agencias de viajes y aerolíneas. Trabajó en la sección de Especiales entre 2001 y 2005 y escribió sobre comercio exterior, política económica y macroeconomía en la sección de Economía entre 2005 y 2015. También ha trabajado en ABC, Interviú y el diario Mediterráneo.
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