Díaz anuncia que el Consejo de Ministros del próximo martes enviará la ley de reducción de jornada al Parlamento
Con esta aprobación se iniciará en el Congreso de los Diputados la tramitación de la norma, que podría experimentar modificaciones a cambio de los votos necesarios para que prospere

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en cómputo anual, que incluye también los cambios en el registro horario y en el derecho a la desconexión. El anuncio se ha producido en la clausura del Congreso de CC OO Industria, que se celebra este jueves en Toledo, según ha informado la agencia EFE. La titular de Trabajo ha explicado que lo que hará el Ejecutivo la próxima semana será ver este proyecto de ley en segunda vuelta, ya con la incorporación de los dictámenes preceptivos y consultivos, y lo aprobará y enviará al Congreso de los Diputados para que inicie así su tramitación parlamentaria
El texto normativo es fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos y del que se descolgó la patronal y recibirá el visto bueno definitivo del Gobierno dos días antes de que CC OO y UGT salgan a la calle el Primero de Mayo con un mensaje principal: urgir al Ejecutivo y a las fuerzas políticas a sacar adelante esta nueva jornada laboral. Si bien, las negociaciones que se abrirán con los grupos parlamentarios tan pronto llegue el texto a la cámara baja, podrían cambiar la norma a través de las enmiendas que exijan las fuerzas políticas a cambio de lograr los votos necesarios para que la ley salga adelante.
CEOE ha expresado su disconformidad en un comunicado: “CEOE quiere mostrar su más profundo rechazo ante el anuncio esta mañana de la ministra de Trabajo de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de abril, en la antesala del Primero de Mayo y con evidente oportunismo político, el proyecto de Ley sobre reducción de jornada laboral”. La principal patronal española también ha advertido del “grave impacto” que la aprobación de esta norma “va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país”.
La vicepresidenta segunda ha asegurado en su intervención que ésta ”va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender; nos vamos a tener que dejar la piel”, ha dicho Díaz, recordando que la reducción de jornada laboral “es la medida que más desea y valora el conjunto de los españoles, voten a quien voten”. Y ha pedido ante un auditorio lleno de delegados sindicales de CC OO que “recorran el país de arriba a abajo para que el sentido común dela calle llegue al voto decisivo del Congreso de los Diputados”.
Este lunes los sindicatos habían criticado la demora en la aprobación del anteproyecto de ley. “Queremos decirle al Gobierno que tiene que tramitar esto. Que se haya quitado el foco público de la reducción de jornada no es óbice para que no seamos exigentes. Hay que correr”, dijo Unai Sordo en la sede del sindicato que dirige, CC OO. A su lado estaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez: “Hay que dar paso al proceso legislativo. No tiene sentido que continúe paralizado”.
Díaz, Sordo y Álvarez presentaron el acuerdo para reducir la jornada a 37 horas y media el 20 de diciembre, hace cuatro meses. Tras un tira y afloja entre Economía y Trabajo, el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en primera ronda el 4 de febrero y volverá al mismo casi dos meses después, antes de someterse al examen del Congreso de los Diputados, donde no tiene garantizada la mayoría. El voto clave es el de Junts, que en una comisión reciente en el Parlamento dijo a Díaz: “Nosotros tampoco [como la patronal] avalamos ahora mismo este proyecto de ley”.
Incluye la reforma del control horario
La reducción de jornada máxima legal, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta as 37,5 horas, llevará de la mano la reforma del control horario para que este sea “objetivo, fiable, accesible e interoperable”. Esto significa que las jornadas no podrán registrarse en papel y tendrán que contabilizarse digitalmente de forma obligatoria. Además, el sistema deberá de ser accesible en todo momento para la Inspección de Trabajo. Estos cambios del registro suponen un elemento clave para que se cumpla el tiempo de trabajo una vez se reduzca la jornada, según el ministerio.
Díaz ha detallado que cuando llegó al Gobierno se realizaban más de seis millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana y que esta cifra se ha reducido ya a 2,5 horas, pero ha añadido que hay que seguir avanzando.
El proyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores. Además, otra cuestión que incluye la norma y que está entre los primeros motivos que llevaron a la patronal a rechazar el texto pactado con los sindicatos es el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada. En concreto, la iniciativa recoge que habrá una infracción por cada persona trabajadora afectada (en lugar de que la sanción sea por empresa como actualmente) cuando no exista registro o los datos sean falseados. Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y con llevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.
Una vez se apruebe en el Parlamento, y si a su paso por las Cámaras el texto no cambia su calendario de implantación, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada. El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está “insuficientemente fundamentado e incompleto”.
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