Cómo gastar (bien) 354.225 millones

Según los Presupuestos Generales del Estado presentados este año, los españoles nos gastaremos esa cantidad en pensiones, infraestructuras, o defensa. Comparados con otros países europeos, un presupuesto low cost.

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Pero, poco o mucho, ¿gastamos bien? No tenemos instrumentos para saberlo. Sin entrar en si las prioridades de gasto son las adecuadas al interés general, no conocemos qué programas tienen un mayor impacto en el crecimiento económico, o en la mejora de nuestra calidad de vida. Tampoco existe la seguridad de que lo presupuestado sea finalmente ejecutado. Más del 70% de lo previsto en I+D+i en 2017, una partida clave para la mejora de la innovación y la productividad, se quedó sin desembolsar. Este tipo de incumplimientos hace que los Presupuestos sean en España poco significativos.

En los últimos años, y al calor de la mayor sensibilidad con la corrupción, hay una exigencia mayor sobre la fiscalización del gasto. Pero fiscalizar no es evaluar. Fiscalizar nos dice si lo que se gasta se ajusta a la ley; evaluar, si gastamos bien.

Para ello deben planificarse las prioridades (con evaluaciones ex ante) y evaluar ex post los programas. Es decir, medir el impacto que tiene una política, aislando sus efectos de los que hubiesen ocurrido si no se hubiese llevado a cabo. “Lo que no se mide, no se puede mejorar”, es una máxima que no nos hemos aplicado los españoles. Debemos sumarnos al camino creado por países como Reino Unido o EE UU. En este último, la exigencia de la evaluación de la eficacia de los programas de pobreza en los Presupuestos es un ejemplo a tener en cuenta.

La evaluación no la puede hacer quien decide el gasto, ni quien lo ejecuta. Tiene que ser una institución independiente. Tras la fallida creación de la AEVAL estamos aún en una fase muy inicial en lo que a evaluación se refiere. Algo que se nos critica desde Europa. En muchos casos no existen datos necesarios; en otros se confunde evaluar con fiscalizar, y en la gran mayoría la evaluación ni siquiera se contempla al diseñar una nueva política.

Una de las mejoras institucionales más importantes que España necesita para mejorar la eficiencia de los programas y las políticas, así como el funcionamiento del Estado de las autonomías, es crear una institución de evaluación, que sea políticamente independiente, sin dependencia ministerial, y con recursos y competencias suficientes para reclamar información a todos los niveles de gobierno. La recientemente creada Autoridad Fiscal (AIReF) es un buen ejemplo. La composición parlamentaria actual, que fuerza al consenso entre distintas fuerzas políticas, es una oportunidad de oro para instaurar una nueva cultura de evaluación de las políticas públicas en nuestro país, y un mejor uso del gasto público.

Elena Costas es economista, profesora en la UAB y editora de Politikon.