El turoperador TUI paga 50 millones tras asumir cinco delitos fiscales en España

El turoperador turístico multinacional TUI AG ha pagado 50 millones de euros al Estado español para sellar la causa judicial abierta por cinco delitos fiscales por no tributar de manera adecuada beneficios de sus actividades en España. El acuerdo evita la condena con pena de cumplimiento en la cárcel para un administrador, que asumirá la autoría ante el juez.

La Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han pugnado durante dos años por cerrar el caso, considerado el fraude fiscal de mayor volumen destapado en Baleares. Las empresas del consorcio TUI trasladan cerca de seis millones de turistas a España y tiene intereses en la propiedad y la gestión de hoteles en el país.

El caso judicial abierto en un juzgado de instrucción de Palma sobre la filial TUI Travel PLC se cerrará el día 31 de marzo en un juzgado de lo penal con un juicio exprés. En la vista, un integrante de la cúpula del consorcio se declarará autor de los cinco delitos fiscales cometidos entre 2001 y 2005 y, además, asumirá las penas solicitadas por la fiscalía. Tras reconocer los hechos, afrontará una condena de cuatro meses por cada uno de los delitos, pero esto no conllevará el ingreso en la cárcel porque la pena se traduce en multa, cuyo pago ya se ha anticipado. Inicialmente, fueron investigados los integrantes de la cúpula ejecutiva de las filiales del consorcio que operan en España. En el curso de la negociación, la multinacional bregó para que un solo alto ejecutivo se declarara personalmente culpable.

TUI asumió públicamente este caso a través de una nota de su portavoz. En ella, explica que las operaciones son delito fiscal “a ojos de las autoridades españolas” e indica que ya pagó 30 millones por esos impuestos y 20 millones por retrasos, intereses y multa. La empresa reconoce el “proceso de inspección por las autoridades fiscales e investigación judicial” sobre “operaciones realizadas por filiales españolas”. TUI presenta el pacto como una renuncia: “No es de interés para el grupo seguir en la disputa del asunto”. En septiembre de 2013, el pago fue consignado en las cuentas del grupo empresarial.