El sindicato portugués CGTP pide al presidente que actué contra presupuesto

El principal sindicato portugués, el comunista CGTP, exhortó hoy al jefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, a que envíe los presupuestos para 2014 que prepara el Gobierno al Tribunal Constitucional para su fiscalización.

Durante una manifestación convocada hoy en Lisboa por la CGTP, su líder, Arménio Carlos, lanzó un mensaje al presidente y le reclamó que actúe para no permitir la aprobación de más ajustes y recortes, como los que incluye el proyecto elaborado por el Ejecutivo.

"Estos presupuestos no pueden ser aprobados; Cavaco Silva tiene que enviarlos (al Constitucional) para que sean analizados de forma preventiva", defendió frente a miles de participantes en la protesta.

El proyecto presupuestario del Ejecutivo conservador fue entregado al Parlamento el pasado miércoles, será debatido en los próximos días en la Cámara -donde cuenta con mayoría absoluta- y por el momento ha recibido fuertes críticas de los partidos de la oposición de izquierdas, la patronal y los sindicatos.

Entre las medidas más polémicas destaca la reducción de entre un 2,5 % y un 12 % del salario de los funcionarios que cobren más de 600 euros al mes (antes sólo vieron rebajado su sueldo quienes superaban los 1.500 euros).

El recorte en las pensiones de los trabajadores públicos o el aumento de algunos impuestos, como los que penalizan los vehículos diesel, el tabaco o las bebidas alcohólicas, son otros de los ajustes propuestos en el texto.

La posibilidad de que el Constitucional acabe anulando algunas de estas medidas por considerar que violan la Carta Magna, como ya ha hecho anteriormente, es contemplada incluso por el propio Gobierno, cuya ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, admitió que sería mejor "saber cuanto antes" el parecer del Tribunal.

El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014 preparado por el Ejecutivo incluye ajustes para lograr un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit público hasta el 4 % del PIB, la meta acordada con la troika de acreedores internacionales.

El Gobierno intentó flexibilizar este objetivo, sin éxito, en la última visita a Portugal de los técnicos de la UE y el Fondo Monetario Internacional, entidades que le concedieron en mayo de 2011 un préstamo de 78.000 millones de euros para evitar que el país cayera en bancarrota debido a la presión del mercado, que le impedía colocar deuda pública a cambio de tasas sostenibles.