La Comisión de Competencia calcula que las infracciones restan un 1% del PIB

Carteles, pactos de precios, abusos de posición de dominio, reparto de mercado... Las malas prácticas comerciales contra la competencia generan un perjuicio económico en España que ronda el 1% del producto interior bruto (PIB), unos 10.000 millones de euros, según los cálculos que apuntó hoy el presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Joaquín García Bernaldo de Quirós, en el discurso de la celebración del 50º aniversario que la primera normativa de defensa de la competencia en España.

 La existencia de un cartel suele implicar un incremento de los precios de los bienes o servicios afectados de entre un 20% y un 30% y, tomando como referencia las resoluciones de 2012, el daño de los consumidores puede estimarse entre 1.100 y 1.200 millones de euros, dijo el presidente de la CNC, pero “si se extrapolase esa cifra a la estimación de los carteles no detectados, podríamos estar hablando de unos 7.000 millones”. Si se añaden otras malas artes como el abuso de posición de dominio, restricciones horizontales o recomendaciones de asociaciones de empresas, el montante se elevaría a ese 1% del PIB.

El aniversario de los servicios de Defensa de la Competencia en España coincide precisamente con una profunda reforma de este ámbito, que consiste en fusionar todos los organismos reguladores (Competencia, Telecomunicaciones o Energía, entre otros) en un solo organismo. La reforma, que Bruselas cuestiona, ha sido muy criticada por el PSOE. Hoy, Quirós reclamó que la nueva Comisión de los Mercados y la Competencia “mantenga su independencia y su proactividad a la hora de realizar los informes de promoción de la competencia”. “Corremos el riesgo también, si se cometen errores, de que se consoliden para el futuro problemas de coordinación o de aplicación de las normas de Competencia”, alertó.

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, defendió que la reforma puramente institucional, porque se respeta “toda la parte sustantiva del derecho a la competencia”. Sin embargo, la Comisión Europea teme que el futuro órgano pierda independencia.