La nacionalización parcial de Bush

Otoño de 2008. El derrumbe de Lehman Brothers desencadena el mayor terremoto financiero desde la Gran Depresión. Y con el sistema al borde del colapso total, la Administración que presidía entonces el republicano George Bush propone una medida radical para contener la dispersión de la crisis: la nacionalización parcial de la gran banca de Wall Street, mediante la inyección forzada de dinero público para reforzar sus balances.

Ninguna gran entidad quedó excluida, para que los inversores no pudieran hacer un distinción entre bancos buenos y malos. Para canalizar toda esa ayuda se creó el TARP, presupuestado al inicio para movilizar hasta 700.000 millones de dólares si fuera necesario. El desembolso al final quedó en 431.000 millones y el coste hasta el momento para el contribuyente se estima será de unos 32.000 millones, según el último informe del Congreso.

La principal beneficiada de las ayudas fue la aseguradora American International Group (AIG), que tuvo que ser intervenida semanas después de que se dejara caer Lehman Brothers para evitar un choque sistémico que habría reverberado por todo el mundo. El valor del rescate público en su caso ascendió a 140.000 millones, inyección que se realizó en varias etapas y que dio el Tesoro de EE UU el control total de la entidad.

Las devoluciones pendientes del TARP se cuantifican en 119.000 millones

Washington está ahora en proceso de salir del capital de la aseguradora y se calcula que al final del proceso podrá saldar cuentas con un beneficio de 15.100 millones. Esta misma semana anunció la venta de otra porción de acciones por valor de 5.750 millones, con lo que reducirá su participación del 70% al 61%. En paralelo, la Reserva Federal se desprende de complejos activos hipotecarios que tomó para poder estabilizarla.

El otro frente de ataque del plan de rescate fue nacionalizar por completo las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, por el peso que tienen en el mercado de la vivienda. Un proceso que en este caso comenzó una semana antes de caer Lehman Brothers y que se coordinó con la Reserva Federal. Después, con el demócrata Barack Obama le abrió una línea de crédito indefinida para poder estabilizar el sector inmobiliario.

Fannie acaba de presentar resultados trimestrales. Ganó 2.700 millones en el arranque de este año, frente a unas pérdidas de 6.500 millones en el mismo periodo de 2011. Son los primeros beneficios desde que fue intervenida y en esta ocasión no reclama dinero adicional al Tesoro para cubrir lo que pierde. Hasta la fecha recibió 116.000 millones del contribuyente. Si se le suma lo movilizado a Freddie, el coste asciende a 170.000 millones.

En esa nacionalización parcial de la gran banca en EE UU, también se inyectó una gran suma de dinero en Citigroup y Bank of America, a cambio de una participación minoritaria en su capital. En el primer caso, se le dio una primera inyección de emergencia por valor de 25.000 millones, a la que se le sumó un mes después otra de 20.000 millones. Al mismo tiempo se le dio garantías para respaldar activos por valor de 300.000 millones.

Algo similar se hizo con Bank of America, que también recibió 45.000 millones del TARP, en parte para digerir la compra de Merrill Lynch, operación que se forjó el mismo fin de semana en el que Lehman Brothers se fue de las manos. Las dos devolvieron hace algo más de dos año todo el dinero al contribuyente, con el debido pago de intereses y dividendos especiales, con lo que Washington le ganó a lo que siempre vendió como una inversión.

JP Morgan Chase, una de las grandes ganadoras de la crisis junto a Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley también recibieron fondos del TARP. Pero en su caso fueron forzadas y el Tesoro no se hizo con una participación en los bancos. El dinero fue restituido tan pronto como la Reserva Federal les dio el aprobado tras ser sometidas a la primera ronda de pruebas de resistencia, en la primavera de 2009. Ese es, de hecho, el momento que marcó el fondo a la crisis financiera en EE UU.

Las devoluciones pendientes del TARP se cuantifican en 119.000 millones, frente a 133.000 millones a comienzos de año. Se concentran en pequeños bancos regionales y locales, que siguen sufriendo por un mercado inmobiliario deprimido. A lo que debe restituir aún AIG, hay que sumar también lo inyectado en el rescate de General Motors y en Ally Financial, la entidad que se creó con la filial financiera de la automovilística y cuya división hipotecaria está a punto de suspender pagos.