El Congreso suprime el límite de cotización para los becarios

Todos los becarios que hayan hecho prácticas en un organismo público o privado en algún momento de su vida podrán cotizar por ellas a la Seguridad Social, si lo desean, hasta un máximo de dos años. El anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones (oficialmente Reforma del Sistema de la Seguridad Social) estipulaba que solo se podría cotizar por prácticas realizadas en los cuatro años anteriores a la entrada en vigor de la nueva legislación; pero una enmienda de CiU, apoyada por el PSOE, permitirá que no exista limitación temporal en este sentido. Esos dos años serán tenidos en cuenta para el cálculo de la pensión futura.

La medida, que favorecerá carreras de cotización más largas, fue aprobada ayer en la primera sesión de la ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, encargada de elaborar el texto definitivo de la reforma. El portavoz parlamentario de CiU Carles Campuzano considera que la enmienda "resuelve la situación de miles de personas que habían sido becarias" hace más de cuatro años, lo que contribuye a "mejorar la equidad" del nuevo sistema de pensiones.

PSOE y CIU pactan mejoras para los autónomos y los discapacitados

En la reunión de la ponencia de ayer, que continúa hoy después del pleno, se aprobaron más enmiendas al texto inicial. Dos de ellas, presentadas también por CiU, mejoran las condiciones de autónomos y discapacitados. La primera incorpora exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones para algunos colectivos de autónomos con dificultades para mantener su actividad. Respecto a los discapacitados, se adelanta la edad mínima de jubilación de 58 a 56 años para aquellos que tengan una minusvalía superior al 45%. "Se ha trabajado mucho por la incorporación laboral de estas personas, pero hay que tener en cuenta el envejecimiento prematuro y facilitarles también la jubilación anticipada", dice Campuzano.

Entre las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario socialista -pactadas igualmente con CiU-, se encuentra la obligatoriedad de las empresas con beneficios y más de 500 empleados que realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) a compensar al Estado por el coste de los subsidios por desempleo. Esta norma será aplicable a todos los ERE aprobados desde el 27 de abril, lo que incluye al que recientemente anunció Telefónica.

Socialistas y nacionalistas acordaron también incorporar una enmienda que mejora la información de los trabajadores, obligando a la Administración a explicar al futuro pensionista sobre la cuantía aproximada que recibirá según lo cotizado.