El economista Vicenç Navarro aplaude la indignación
"Se habla de los mercados para diluir las responsabilidades concretas de la crisis", afirmó ayer Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra en la conferencia que pronunció dentro de las XV Xornadas de Outono, organizadas por el colectivo Xustiza e Sociedade de Galicia, sobre El mantenimiento o desmantelamiento del Estado del bienestar, que glosó el desplazamiento de los poderes de decisión hacia los mercados y el debilitamiento de la política "con la complicidad de los medios de comunicación, los peores del mundo occidental". Navarro apostó por fortalecer la política "en la calle, como hace el 15-M".
El conferenciante arrancó destacando la "historia fascista" reciente que comparten Grecia, Portugal y España como sustrato común de sus deficiencias en bienestar, que fundamentó en datos oficiales, "no míos", como el porcentaje sobre el PIB de los ingresos al Estado o el empleo público y su comparación con la media de la Unión Europea y Suecia, prototipo de Estado de bienestar.
Constató que en España las rentas de trabajo bajan más, que la política fiscal es más regresiva y que si se aplicara a España la política fiscal sueca, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, que tendrían que aportar solo el 1% de las rentas españolas más altas. Ese mismo ingreso teórico daría para crear cinco millones de empleos.
En España, sin embargo, han bajado los impuestos en los últimos 15 años, generando un déficit público estructural ocultado por la expansión de ingresos al Estado por la burbuja inmobiliaria y que queda en evidencia cuando esta estalla. Para reducir el déficit se baja el gasto público social, los salarios se hacen insuficentes y se recurre al crédito, "hasta que colapsa": en España, entonces, baja el crecimiento económico y el paro se dispara.
A la cárcel
"No vivimos por encima de nuestras posibilidades", señaló en otro momento, para demostrar con otra batería de datos macroeconómicos la innecesariedad de recortes en el gasto social (pensiones, sanidad, educación) si se aplicaran políticas fiscales rigurosas (sobre el patrimonio, grandes empresas, Iglesia).
"Mucha gente tendría que ir a la cárcel", afirmó, "empezando por el gobernador del Banco de España. Los grandes defensores del mercado no aceptan el mercado cuando pierden y lo que estamos viendo es intolerable: es lógico que exista más y más indignación".
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