El TSJC decide suspender el ultimátum al Gobierno sobre la inmersión lingüística

Una nueva decisión judicial a propósito de la inmersión lingüística ha vuelto a desatar una cascada de reacciones en el espectro político catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido, de forma cautelar, el ultimátum que dio al Departamento de Enseñanza para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas. Se trata de una suspensión temporal que se prolongará hasta que el tribunal decida, en los próximos días, si acepta el recurso que la Generalitat interpuso contra ese ultimátum.

La sala contencioso-administrativa del TSJC ha tomado la decisión de oficio, ya que el Gobierno catalán no había solicitado expresamente esa suspensión temporal en el recurso. En su escrito, la Generalitat se limita a defender el modelo educativo de Cataluña, basado en la inmersión lingüística: el catalán es la lengua vehicular en las aulas, mientras que la enseñanza del castellano se limita a una asignatura.

Los partidos piden al tribunal que acepte el recurso de la Generalitat

"Es como si se hubiera detenido el cronómetro, a la espera de ver si se reactiva o no", ilustraron fuentes judiciales. El plazo de dos meses que el tribunal dio a Educación el pasado 28 de julio queda, pues, paralizado. La decisión, sin embargo, "no debe interpretarse en ningún caso como un indicio de la futura resolución" del TSJC sobre el recurso, señaló este órgano en un comunicado.

Pese a que se trata de una decisión de alcance limitado, la plataforma Som Escola -que agrupa a entidades civiles, culturales y sindicales- y los partidos catalanes celebraron ayer la decisión. La portavoz de Esquerra Republicana en el Parlament, Anna Simó, pidió al TSJC que admita el recurso y recapacite, ya que "se ha extralimitado de sus funciones". Iniciativa per Catalunya, por su parte, cree que la decisión no acaba con la inestabilidad del sistema educativo catalán. Aunque admite que el Gobierno "tiene más tiempo", según la portavoz ecosocialista, Laia Ortiz.

Convivencia Cívica Catalana, la entidad que representa a las familias que han pedido ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo -de la que se deriva el polémico auto del 28 de julio- criticó que el TSJC haya "premiado la actitud de desacato de la Generalitat".

El TSJC tiene ahora la pelota sobre su tejado y deberá decidir si considera suficientes los informes aportados por Enseñanza para tratar de demostrar que cumple con la necesidad, recogida en la sentencia del Tribunal Supremo, de garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales a los alumnos.