El Estado no custodia bienes intervenidos a narcos gallegos

El mayor proceso que se instruyó en Galicia contra el blanqueo de dinero ha puesto en evidencia un sistema judicial huérfano de medios para controlar el enorme patrimonio intervenido en 2004 al narcotraficante gallego José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, cuyo paradero busca, sin éxito, la Policía Judicial como principal acusado en el juicio que se celebrará en la Audiencia de Pontevedra antes del verano.

A las puertas de este proceso en el que se va a pedir el decomiso de los más de 15 millones en bienes y dinero embargado que estaba a nombre de 30 testaferros de Pouso Rivas, los investigadores ignoran el estado en que se encuentran los numerosos enseres que había dentro de las viviendas, equipadas sin escatimar en gastos, e incluso si estas fueron desvalijadas durante los siete años que han permanecido fuera del control judicial.

Muebles de todo tipo, electrodomésticos y pantallas de televisión de plasma o sistemas de depuración de piscinas son algunos ejemplos de lo que se encontró en la mayoría de las casas intervenidas desde el juzgado de Caldas, que dirigió la investigación de la Guardia Civil. Ahora, antes de que el Estado pueda venderlas, ya se han deteriorado o puede que hayan desaparecido. Fuentes del Ministerio Fiscal admiten el desastre y lamentan la falta de una Administración judicial para preservar la fortuna de Pouso Rivas, cuyo embargo de bienes inmuebles solo consta en el registro de la propiedad, a efectos de bloquear su venta, y que no han sido precintados. Los investigadores solo han contado con el apoyo de un perito que fue contratado durante seis meses por el juzgado para hacer un inventario detallado de los 35 coches intervenidos, las joyas y los facsímiles medievales y renacentistas del narcotraficante.