El Gobierno idea una caja fusionada con criterio profesional y labor social

Se suceden los pronunciamientos sobre el proyecto de fusión fría de las tres cajas vascas, aunque sin sorpresas. Ayer, desde el Gobierno expuso su preferencia por una caja fusionada sobre criterios profesionales que impulse la labor social. Desde ELA, en cambio, rechazan el proyecto porque, a su juicio, no contribuirá al desarrollo económico y social vasco".

El consejero de Economía del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, le dijo ayer al parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que la profesionalidad de la caja fusionada debe "compaginarse" con su labor social al contestar a una pregunta sobre "la necesidad de despolitizar los órganos de gobierno de las cajas de ahorros".

Para Aguirre, el anteproyecto de ley de cajas sobre el que trabaja el Gobierno autonómico "avanza en la línea de la profesionalización" de estas entidades y en la "rebaja del peso" de las instituciones públicas en sus órganos decisorios. No obstante, advirtió de que esta línea de actuación no debe llevar a una "criminalización de lo público", tras lo que ha recordado que "casi todos los desastres financieros" de la actual crisis surgieron de "instituciones privadas".

El sindicato oculta cuál será su voto en las asambleas de las tres cajas

Por contra, el sindicato ELA criticó como se esperaba el modelo de fusión que han emprendido las cajas vascas, porque en su opinión supone la "eliminación de esencias sociales y públicas" de estas entidades que constituyen "su razón de ser".

Sin embargo, los portavoces del sindicato abertzale no desvelaron cuál va a ser la postura de sus consejeros en las asambleas de cada una de las tres cajas. Eso sí, adelantaron que el debate sobre este intento de fusión no se debe centrar en si cada cual va a facilitar la aprobación del proyecto o no, sino en el modelo de elegido para la integración de las cajas.

ELA aprecia "falta de información y transparencia" al tiempo que rechaza la "bancarización" que, a su juicio, supone este proceso, porque implica "la liquidación del único instrumento financiero de carácter público existente". Esta central reclamó, finalmente, que se mantenga la plantilla, que se homologuen las condiciones de trabajo de los empleados de las tres entidades y que se acabe con "la precariedad" de empresas subcontratadas.