El Guadalquivir es de todos

Las dos recientísimas sentencias del Tribunal Constitucional declarando que la competencia sobre las cuencas -y por lo tanto su caudal- del Guadalquivir y del Duero son del Estado, o sea de todos, y no de las comunidades andaluza y castellano-leonesa como pretendían estas, ha establecido un criterio de sensatez en el asunto de la explotación del agua. Como es obvio, el resto de las cuencas hidrográficas, sobre las que pueda existir disputa en cuanto a esa competencia, deben seguir la pauta marcada por el TC.

Las sentencias han sido bien recibidas mayoritariamente por los ciudadanos, incluidos andaluces y castellano-leoneses. Sin embargo, han sido cuestionadas por la clase política dirigente en esas comunidades, demostrándose, una vez más, que los políticos suelen estar de espaldas a la realidad. El agua, como otros recursos naturales, es, y debe ser, de todos, independientemente de su escasez o abundancia, o del interés político de la respectiva clase dirigente de turno. Así lo ha entendido el TC y esta vez, para el ciudadano, ha acertado, aunque al político no le guste su decisión.