Un juez investigará a Repsol por homicidio imprudente

El Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña admitió a trámite la querella presentada por la CIG contra varios directivos de la refinería de Repsol y de la empresa auxiliar Talleres Metalúrgicos del Sur (Tamesur) por el accidente laboral que el pasado 15 de abril causó la muerte de un trabajador y dejó otro herido grave, con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo.

Esta decisión se produce después de que la Inspección de Trabajo sancionara a la compañía petrolífera por una infracción grave al responsabilizarla de no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, especialmente en una unidad con elevado riesgo de explosión como es la planta de coque del complejo petroquímico.

El sindicato, en su demanda ahora admitida a trámite, acusa a los responsables de Repsol y de la empresa a la que pertenecían las dos víctimas de haber incurrido en los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. "Este accidente no debe quedar impune y hay que depurar todas las responsabilidades penales que puedan existir", insistió el secretario del comité de empresa, Alberte Ferreiro, de la CIG.

Su organización sostiene que además de las víctimas, que estaban realizando trabajos de soldaduras cuando se produjo la explosión que les dejó gravemente quemados -uno de ellos falleció en el hospital a los 15 días-, el accidente suscitó "una situación de peligro a la que fueron expuestos la vida, salud y la integridad física" de otro millar de empleados que estaban en la refinería en aquel momento.

"Varios trabajadores padecen en la actualidad cuadros de estrés y angustia derivados de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril", afirma la CIG. Recuerda los importantes daños materiales y estructurales que causó la explosión en la planta de coque en otras instalaciones cercanas de la refinería. La deflagración arrancó parte de la broca de corte, entre otras consecuencias, por lo que el sindicato solicita que se ponga bajo custodia judicial "con el fin de evitar eventuales alteraciones casuales o intencionales que desvirtúen su valor probatorio".

Repsol concluyó su investigación interna sobre el accidente achacándolo a una cadena de circunstancias, incluyendo fallos técnicos como una fuga en una válvula y un fallo en el aislamiento preventivo.