Los hospitales públicos concertados alertan de que necesitarán mil millones más

Los centros sanitarios públicos concertados de Cataluña van a necesitar 1.000 millones de euros más si la Administración catalana incumple los plazos para pagar a sus proveedores que establece la nueva ley contra la morosidad. Y, a tenor de los retrasos en los pagos mensuales que viene realizando en junio, julio y agosto, no tiene visos de poder cumplirlos. La cuantía de 1.004 millones es el cálculo que ha realizado la comisión económico-financiera del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, en un informe realizado este verano.

Las empresas y entidades del sector sanitario catalán tardan en cobrar de la Administración catalana entre 175 y 181 días, según los datos de la Central de Balances del Catsalut, que hace un seguimiento de la información económica y financiera de los hospitales y centros de la red sanitaria de uso público en Cataluña. Estos plazos son muy superiores al que establecía hasta ahora la legislación de contratos del sector público, 60 días. Pero, además, el pasado julio, la nueva ley contra la morosidad por la que batallaron los empresarios, y con especial ahínco la patronal catalana Pimec, acortó este plazo a 30 días, aunque existe un periodo transitorio hasta 2013 en el que el plazo se irá acortando progresivamente.

En este contexto, el consorcio recuerda las medidas de contención del gasto y de reducción del déficit público aprobados por el Gobierno catalán y subraya que "los proveedores del sistema sanitario catalán han podido comprobar cómo los plazos de pago de sus productos y servicios se han visto afectados por las graves tensiones de liquidez existentes en las finanzas públicas". La Generalitat cumple con sus compromisos, pero más tarde, y ha retrasado el pago 15 días más.

"Entraremos, pues en una fase en que la gestión del circulante se convierte en un elemento estratégico para el equilibrio financiero de nuestras sociedades y la aplicación de la nueva norma contra la morosidad precisará de una nueva y fuerte necesidad de financiación, porque reducir el plazo de pago a proveedores equivale a realizar una inversión en circulante", siguen los técnicos del CSC.

Mientras llega el dinero público, más tarde de lo previsto, los centros sanitarios necesitan buscar financiación que cubra ese desfase. Y el cálculo son los mencionados 1.004 millones de euros. El problema es la dificultad de los centros hospitalarios para ampliar sus pólizas de créditos, en el actual contexto. Esta necesidad, además, comportará unos gastos financieros extra de 28 millones de euros cada año, una estimación que se ha hecho calculada sobre los bajos tipos de interés actuales. El consorcio estudia la conveniencia de documentos acreditativos de que la Administración pagará como el confirming, y también la venta de activos para obtener ingresos, o bien la venta de edificios para quedarse de alquiler como otra de las vías para obtener ingresos.