El fiscal sugiere una alternativa para evitar el derribo del centro Nevada

La fiscalía admitió ayer una vía diferente al derribo del centro comercial Nevada de Armilla (Granada): un proyecto "alternativo" que esté aprobado por la Junta de Andalucía en materia urbanística y ambiental y que, además, compense la responsabilidad civil. El ministerio público justificó su decisión en lo oneroso del derribo y aclaró que debería hacerse antes de que sea firme la resolución judicial.

Las modificaciones o demoliciones parciales que fueran necesarias correrían a cargo de General de Galerías, empresa promotora. La fiscalía, que presentó sus conclusiones definitivas, solicitó también que se declare la nulidad "completa y radical" de los actos administrativos que dieron lugar a la construcción del parque comercial: el plan parcial en el que se levantó y la licencia de obras.

Los delitos que atribuye a los acusados, entre los que están el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, no fueron modificados. Según explicó en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, donde se celebra la vista oral por esta causa, a los dos años de cárcel, 20 de inhabilitación y 10.800 euros de multa hay que añadir un año y cuatro meses más de cárcel o una multa de 2.880 euros. Los considera autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Para el promotor, Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya, solicita dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia a la autoridad. Además están acusados cuatro ediles, una abogada de Diputación, un letrado externo, el arquitecto de la promotora y otro que trabajaba para el Ayuntamiento.