Vizcaya se remite a la fiscalía en la recalificación de Lezama

La Diputación de Vizcaya se mostró ayer cauta sobre el caso de la recalificación urbanística en Lezama de un solar de la familia de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), que se aprobó ocho meses después de que los familiares cerrasen un acuerdo con dos constructoras para cobrar 6 millones de euros por las parcelas. El portavoz foral y diputado de Acción Social, Juan María Aburto, dijo que la institución no se pronuncia y deja el caso en manos de la fiscalía, que abrió la pasada semana una investigación oficial, como adelantó EL PAÍS.

"Que se realice la investigación y, una vez llegadas las conclusiones, se actúe como proceda", apuntó. Pero acto seguido recordó "el mensaje" lanzado hace unos días por el diputado general José Luis Bilbao tras lo ocurrido en Álava de "tolerancia cero para cualquiera de los ámbitos". El portavoz foral, quien no hizo ningún atisbo de defensa a la alcaldesa de su mismo partido político, precisó que la Diputación "no se pronuncia sobre este caso", porque desconoce "las interioridades, por presencia o no de intereses personales".

Aburto afirmó que, desde el punto de la vista de la Diputación -aprobó el plan urbanístico de Lezama que recalifica el solar de los Etxeandia para uso residencial-, es "correcto y normalizado" pero insistió en que "no nos vamos a pronunciar" sobre la operación previa de venta.