La Fiscalía abre una investigación por la recalificación urbanística en Lezama

La Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya ha abierto una investigación oficial sobre la operación urbanística de Lezama, una recalificación de terrenos de la familia de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia, del PNV, realizada ocho meses después de que sus parientes firmasen un acuerdo con dos constructoras para cobrar seis millones de euros por el suelo.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer EL PAÍS el inicio de la investigación, tras haber analizado diversa documentación, entre ella la información publicada el pasado viernes por este diario. La fiscal jefe, Carmen Adán, aseguró entonces que se iba estudiar este asunto y luego se decidiría si abrir una investigación de oficio. Las mismas fuentes no quisieron hacer ningún otro comentario para no prejuzgar el caso. El Ministerio Público se encuentra ahora recabando documentación, a la que seguirá, con toda probabilidad, las citaciones a declarar, entre otros a la alcaldesa.

El Ministerio Público resuelve en apenas una semana empezar a indagar

Cuando finalice este proceso, la Fiscalía decidirá si aprecia indicios de delito y, por tanto, se traslada el caso a un juzgado. En caso contrario, la causa se archivaría. La tercera posibilidad es que exista otra denuncia relacionado con el caso, con lo que se paralizaría la actuación de la Fiscalía. Las indagaciones durarán varios meses.

Un auto judicial del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao -tras un litigio entre la familia de la alcaldesa y las constructoras, que rebajó el pago de 6 a 5,3 millones- ha destapado el caso. Ambas partes firmaron en febrero de 2007 la venta de un solar urbano de los Etxeandia, que estaba calificado como inundable e impedía cualquier uso residencial, para construir 52 viviendas. Sion embargo, en octubre de ese año, quedó aprobado definitivamente el plan urbanístico de Lezama, que recalificó ese suelo al eliminarse la calificación de inundable, lo que sólo permitía obras de saneamiento o la creación de una zona verde, según fijan los criterios de la Dirección de Aguas del Gobierno. El Ayuntamiento sostiene que no ha habido ningún cambio de uso.

En 2009, se firmó un nuevo acuerdo, por el que los Etxeandia percibieron 2,2 millones, mientras que los 3,1 millones restantes se abonarían a través de pisos y garajes en la futura área residencial. El acuerdo tiene vigencia hasta abril de 2011 -cuando tienen que estar concluidos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar-, pero las constructoras, que han visto como el Tribunal Superior ha anulado todo el plan urbanístico de Lezama, se niegan a abonar esos 3,1 millones y quieren recuperar además los 2,2 millones abonados.

Uno de los asuntos que tendrá que investigar además la Fiscalía es la negociación del acuerdo, que las constructoras aseguraron que realizaron con representantes de la alcaldesa, "pero era ella la que daba las directrices sobre el 50% [la mitad del solar familiar es de su padre]", según señalaron a este diario fuentes de las empresas. Otros medios han afirmado que hubo reuniones con Etxeandia en las propias oficinas del Ayuntamiento de Lezama.