La alcaldesa de Lezama elude aclarar la recalificación en favor de su familia

El polémico plan urbanístico de Lezama, en el que la familia de la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV) cerró un acuerdo para cobrar seis millones de euros ocho meses antes de la recalificación de los terrenos, "está de acuerdo con la normativa vigente". Ésta fue la única explicación que dio la alcaldesa, en un pleno extraordinario convocado por ella para agilizar dicho proyecto. No hubo ninguna aclaración del acuerdo privado de su familia, propietaria mayoritaria de un solar de 7.725 metros cuadrados, con dos constructoras, por los que han percibido ya 2,2 millones y tiene pendiente de recibir otros 3,1 millones, que ha causado una pequeña revolución en un municipio de 2.400 habitantes. El PSE pidió la celebración un pleno monográfico sobre el caso, sobre lo que ni la alcaldesa ni los otros concejales del PNV (tiene mayoría absoluta, con 8 corporativos, frente a uno del PSE y otro de Ezker Batua) ofrecieron respuesta alguna.

El PSE pide la celebración de un pleno municipal extraordinario

El caso ha motivado ya el inicio de indagaciones por parte de la Fiscalía de Vizcaya, quien se plantea la apertura de oficio de una investigación. "Es un tema serio, de corrupción", aseguró la fiscal jefe Carmen Adán.

La sesión, convocada el viernes (el día que se destapó el caso), apenas duró 10 minutos y fue justificada por la alcaldesa para acceder a las subvenciones que otorga la Diputación al desarrollo de planes urbanísticos municipales. El único acuerdo adoptado, sólo con los votos del PNV (la edil del PSE lo hizo en contra y la de EB se abstuvo), era la adaptación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) a la ley del Suelo y la solicitud de información a las administraciones competentes en temas como el medio ambiente, el medio natural o la protección civil. Un contenido poco claro que un portavoz municipal no pudo explicar ayer, pese a los requerimientos de este diario. Lo aprobado, según aseguró el PSE, supone el impulso a los planes parciales previstos en el PGOU, que fue anulado en junio pasado por el Tribunal Superior de Justicia. El único que se ha desarrollado hasta ahora es el del solar de la familia Etxeandia, una zona calificada como inundable desde 1993 por el Gobierno y que mantuvo esta clasificación hasta 2007, cuando a última hora, tras un informe presentado por el Ayuntamiento de Lezama, el Ejecutivo vasco accedió a eliminar dicha inundabilidad. Ello propició que los terrenos, hasta entonces urbanos (lo que no permite edificar viviendas), fueran recalificados a urbanizables, lo que se aprobó definitivamente en octubre de 2007.

En su breve intervención en el pleno, Alaitz Etxeandia rechazó, como dijo el PSE, que el plan general urbanístico de Lezama esté anulado al haber ido recurrido. "Siguen vigentes", dijo y destacó que dos autos del Superior, como reveló este diario, han rechazado ejecutar la anulación del plan urbanístico de la localidad. Para zanjar el breve debate -que se produjo por indicación de la primera edil después de votar y no antes, como es habitual en otros ayuntamientos, las Juntas Generales o el Parlamento-, señaló que no se estaban tratando otros temas, en referencia al de Txupetxa, "que está de acuerdo con la normativa vigente".

Tras la sesión, la edil del PSE, Dolores Fernández, anunció que pedirá un pleno extraordinario para aclarar este caso y que se requiera a las constructoras para que informen de la operación con la familia de la alcaldesa. Lamentó que Etxeandia "no haya querido dar ninguna explicación" sobre estos hechos "que cuestionan la gestión y la aptitud que ha tenido la alcaldesa apoyada por el PNV".