De órdenes, mentiras y manipulaciones

Los datos facilitados por Telefónica han permitido acreditar la existencia de una trama de espionaje político pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid para perjudicar a dirigentes del PP contrarios a la línea de Esperanza Aguirre. La investigación judicial, un año después de que EL PAÍS revelara los hechos, ha destapado las mentiras aireadas durante meses por una significativa parte del Gobierno regional que preside Aguirre.

El portavoz del PP madrileño y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, acusó a EL PAÍS de haber fabricado en su redacción los partes del espionaje. Una grave injuria basada en una mentira mayúscula. El consejero de Interior, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, que mandaba sobre los espías -tres ex guardias civiles a los que dobló el sueldo como personal de confianza-, aseguró que los agentes no habían seguido a Prada. Luego, contó a EL PAÍS que esos agentes no le habían dicho nada sobre lo que denominó "contravigilancias". Los tres guardias civiles confesaron a la juez que quien les ordenó el seguimiento a Prada fue el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, un recomendado de Aguirre. Gamón lo negó y declaró que los ex guardias civiles dependían de Granados. La incógnita sigue abierta: ¿quién dio la orden?