La crisis hace peligrar la autopista del mar de Vigo

El proyecto para crear una autopista en el mar por la que circulen de forma regular las mercancías ha encontrado su enésimo obstáculo. Trasmediterránea, la empresa que opta al concurso para establecer una línea entre Vigo y el puerto francés de Le Havre, no aceptará ser beneficiaria del mismo si no se modifican las condiciones de la concesión. Durante las últimas semanas, la compañía ha estado negociando en Madrid cambios que flexibilicen los requisitos exigidos en la convocatoria, que todavía no se ha fallado pese a que hace meses que se anuncia que es inminente.
Trasmediterránea cree que no puede cumplir porque la crisis ha provocado una dura caída de la producción de Citroën en Vigo. Sin tantos coches que transportar, la empresa está intentando forzar una rebaja de las exigencias contenidas en las bases, que hablan del transporte de un mínimo de 25.000 camiones y semirremolques el primer año que se irían ampliando hasta las 100.000 unidades durante el cuarto año de vigencia de las ayudas. La propia convocatoria recoge la posibilidad de negociar cambios sin tener que convocar un nuevo concurso.
Carreteras marítimas
Otro de los obstáculos que intenta negociar a la baja la empresa reside en la rotación semanal. De partida, se exigen cuatro salidas de los barcos por semana y por sentido durante los dos primeros años y siete salidas semanales a partir del tercer año de la explotación de la autopista. El tira y afloja podría resolverse en las próximas semanas, aunque en tema de plazos, el concurso lleva meses de retrasos.
La Unión Europea impulsa las autopistas del mar con el objetivo de crear conexiones marítimas estables. Para ello, se suscribió un acuerdo internacional en el año 2006 y se puso en marcha el presente concurso, que otorgará una subvención estatal de hasta el 30% de los gastos operativos del servicio durante los tres primeros años a la empresa o empresas que lo ganen. Esta subvención está condicionada a un acuerdo con una duración mínima de siete años.
Los adjudicatarios deben garantizar la financiación de la autopista de forma previa, presentando compromisos con entidades financieras. También tienen que tener fondos propios suficientes para cubrir el 6% de los gastos de explotación.
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