El Poder Judicial decidirá en un pleno si la huelga es legal
Las asociaciones, enfrentadas por la convocatoria
El Consejo General del Poder Judicial desaprobó ayer con contundencia la convocatoria de huelga de jueces para el próximo día 18, suscrita por dos asociaciones judiciales y numerosas juntas de jueces de toda España que ya ha abierto las primeras fisuras en el colectivo judicial. Al término de una reunión entre el Consejo y las asociaciones, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, aseguró que el Consejo "desaprueba" cualquier medida de presión "que vulnere o merme el derecho a la tutela judicial efectiva". Bravo admitió la legitimidad de las reivindicaciones de los jueces pero dijo que no es el momento de convocar una huelga cuando hay un diálogo abierto.
Las asociaciones llegaron a la reunión seriamente enfrentadas, a raíz de una durísima nota de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) contra la Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) por haberse sumado a la convocatoria de huelga para el día 18.
Tras lamentar "sentida y profundamente" la adhesión de FV y FJI a la huelga, la APM les acusa de "desdecirse del compromiso firmado" y de "despreciar" a todos los jueces y magistrados con una decisión que "repudia la unidad judicial" y "defrauda" la aspiración de cuantos españoles creyeron el mensaje que las asociaciones les dirigieron conjuntamente.
La APM exige a las otras dos asociaciones que expliquen "los extremos inadmisibles" de la oferta inicial, ya que un cambio de posición "deslegitima" al colectivo judicial, al que la ciudadanía exige "una especial capacidad profesional y una particular serenidad de ánimo".
En un tono más moderado, Jueces para la Democracia criticó al Foro y a Francisco de Vitoria por haber "renunciado a defender los derechos e intereses de la carrera judicial en el seno de la unidad asociativa, a la que con tanta frecuencia aludían".
El enfrentamiento entre las asociaciones se puede recrudecer a partir de que el Poder Judicial se pronuncie oficialmente sobre la legalidad o no de la huelga y, en su caso, sobre el establecimiento de servicios mínimos. El Consejo quiere convocar un pleno extraordinario el próximo jueves pero si el presidente, Carlos Dívar, tuviera que atender prioritariamente la impugnación de las candidaturas electorales de D3M y Askatasuna en el Supremo, el pleno pasará al lunes.

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