Sanidad asumió la medida como inevitable

La decisión de ofrecer a todas las niñas entre 11 y 14 años la vacuna contra algunos virus del papiloma humano fue adoptada en el primer Consejo Interterritorial que presidió, en la pasada legislatura, Bernat Soria. La medida era inevitable. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP habían hecho de su inclusión en la oferta pública un caballo de batalla, y Soria quería demostrar desde el principio que tenía otro talante que su antecesora, Elena Salgado.

Pero la medida fue casi impuesta al ministerio por las comunidades. "Es un caso que [el ministro] ya se encontró resuelto cuando aterrizó en el cargo", declaró Soria en noviembre del año pasado a este periódico. "El clima que había era más bien el de: '¿Cuándo hará los deberes el ministerio para que podamos vacunar?", admitió Soria entonces, como muestra de las presiones que había para que se aprobara el uso de la vacuna. La decisión tenía una ventaja para Sanidad. Como en todas las vacunas, las políticas de Salud Pública tienen un tratamiento especial en la relación entre el ministerio y las comunidades. Aunque se apruebe una prestación nueva, ello no implica que el Gobierno central deba financiarla, afirmó ayer una portavoz de Sanidad. Así que el gasto (más de diez millones al año) corre a cargo de las comunidades.

Curiosamente, una de las personas que más presionó para que la vacuna no se incluyera en el calendario común de momento fue el actual director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández. El epidemiólogo, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), y ex presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, formó parte de la plataforma por la demora en la aplicación generalizada de la vacuna. Ahora, por lo menos, está en el puesto ideal para seguir su utilidad. Ayer, este periódico no pudo contactar con él.