Las iniciativas de la polémica

Tanto la Unión Europea como algunos Gobiernos europeos han impulsado iniciativas recientes muy polémicas que han llevado a sectores sociales y políticos a advertir que el modelo europeo construido en las últimas cinco décadas está en peligro. Las principales áreas afectadas son inmigración, antiterrorismo y derechos laborales.

- Inmigración. La Eurocámara ha ratificado esta semana la polémica norma que autoriza la retención de inmigrantes sin papeles hasta 18 meses. Los menores podrán ser enviados a países distintos de los de origen. También se ofrece asistencia jurídica gratuita para determinados casos. Varios países latinoamericanos han bautizado la norma como "directiva de la vergüenza".

En Italia, el recién constituido Gobierno de Silvio Berlusconi impulsa una reforma legal que convertirá la inmigración ilegal en delito y se la podrá castigar con hasta cuatro años de cárcel. También ha otorgado poderes especiales a los delegados del Gobierno para "evacuar y expulsar" a los gitanos y ha autorizado que 2.500 militares patrullen junto a la policía para combatir la inseguridad, a la que vincula con la inmigración ilegal.

Francia, que exigirá a los inmigrantes que firmen un "contrato de integración" que les comprometa a conocer el francés y respetar las costumbres de la República, fija cuotas de inmigrantes a expulsar: 25.000 en 2007 y 26.000 en 2008.

- Antiterrorismo. El Reino Unido amplía de 28 a 42 días la detención sin cargos a sospechosos de terrorismo, Francia permite interrogar a los sospechosos durante seis días sin la interferencia de abogados defensores y las normas que regulan el control en los aeropuertos de la UE son secretas. Suecia acaba de aprobar una ley que permite a los servicios secretos leer correos electrónicos y escuchar llamadas telefónicas. Los críticos sostienen que se trata del mayor ataque a las libertades registrado hasta ahora en Europa.

- Condiciones laborales. Si sale adelante, una directiva de la UE pondrá fin a la jornada laboral máxima de 48 horas semanales aprobada por la OIT en 1917. Pasaría a 60 horas y, en casos excepcionales, podría llegar hasta 78. España se opone. En los últimos seis meses, tres sentencias del Tribunal de Luxemburgo han dejado clara la prevalencia de los intereses de las empresas frente a derechos sindicales.