Las medidas de apoyo al transporte cuestan 80 millones

Las principales medidas que ha ofrecido el Gobierno para compensar a los transportistas por la subida del gasóleo costarán algo más de 80 millones de euros. La mayor parte (más de 50 millones para ayudas a la jubilación, reducción de las primas de seguro y bonificación del impuesto de actividades económicas) corre a cargo del Ministerio de Economía, según explicó ayer su titular, Pedro Solbes. A esa cifra hay que sumar otros 30 millones por la rebaja de cotizaciones sociales, señala una portavoz del Ministerio de Trabajo. El resto de iniciativas tiene un impacto económico menor.

En medio del tumulto que ha ocasionado el conflicto del transporte y para contrarrestar las críticas de inacción, Solbes compareció ayer tras la reunión del Consejo de Ministros. Oficialmente se trataba de explicar un anteproyecto de ley de medidas fiscales que recoge iniciativas ya avanzadas en los últimos meses. En la práctica, el vicepresidente, con un tono más político de lo habitual, se esforzó por defender su papel en esta coyuntura "para aclarar esas dudas de si el Gobierno está actuando o no". Y negó tajantemente que el Ejecutivo esté minimizando el bache económico: "Hemos hablado de desaceleración profunda, de ajuste abrupto... no son palabras que suenen a que no somos conscientes de lo que sucede".

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, adoptó la postura más enérgica. Ante la amenaza de algunas empresas de presentar expedientes de regulación de empleo con motivo del paro, De la Vega advirtió: "Lo vamos a mirar con lupa. No vamos a tolerar expedientes no justificados". El conflicto es, para la vicepresidenta, un "cierre patronal ilegal" en el que deben prevalecer los derechos de los ciudadanos.

Algunas empresas, como Sharp, en Barcelona, han decidido retirar los expedientes temporales presentados, aunque los 387 empleados afectados de la fábrica de televisores de Sharp ya sufrieron un día de paro. Honda, que también se lo planteó, ha dado marcha atrás. Otros, como Ford en Almussafes (Valencia) o Seat en Martorell, siguen su curso pese a que en general ya se ha reanudado la actividad, informa Amanda Mars.

En el País Vasco, Mercedes, que suspendió la producción en Vitoria por falta de componentes, ha convocado a su plantilla para el próximo lunes. Bridgestone espera arrancar también ese día en la planta de Burgos y un día después en la de Basauri (Vizcaya) tras aprovisionarse ayer de material. Pese a todo, mantiene el expediente que podría afectar a 800 empleados de Basauri y a otros 1.200 de Burgos, informa Mikel Ormazabal.

Más allá de los transportistas, el paquete fiscal que salió del Consejo de Ministros incluye la eliminación del impuesto de patrimonio, que beneficiará a 1,3 millones de contribuyentes. La medida costará 1.800 millones de euros, que el Gobierno tendrá que abonar a las comunidades autónomas, receptoras de este tributo. En 2009 ya nadie declarará ese impuesto.

También se acelera la devolución de IVA a las empresas que tengan derecho, lo que supone inyectar de inmediato 6.000 millones de euros que, de otro modo, tardarían un año en recibir.