Trillo ascendió a Miguélez y Bono le destituyó

El entonces coronel del Cuerpo Militar de Intervención Juan Antonio Miguélez Paz fue nombrado director de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) en marzo de 1998, cuando era ministro de Defensa Eduardo Serra, en el primer Gobierno del PP.
La mayor parte del periodo investigado por la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas (1999-2002) se refiere, sin embargo, al mandato de Federico Trillo-Figueroa. Miguélez siguió como gerente de la GIED hasta el 9 de mayo de 2003, cuando Trillo lo sustituyó por Miguel Ángel Jusdado, hasta entonces director de su Gabinete.
Sin embargo, su relevo al frente de la GIED no fue un castigo. Ese mismo día, el Gobierno le ascendió a general de brigada y le destinó a la Inspección General de Sanidad. Siete meses después, el 5 de diciembre, fue nombrado director del Servicio Militar de Construcciones, encargado de realizar aquellas obras que por su carácter urgente o especial no se quieren contratar con empresas externas.
Aunque se trataba de un destino mejor que la Inspección de Sanidad, carecía de la relevancia y complejidad de la GIED, por lo que se asemejaba a un retiro dorado.
Al frente del Servicio Militar de Construcciones siguió hasta que, el 13 de mayo de 2005, el primer ministro de Defensa socialista, José Bono, lo destituyó del cargo.
Irregularidades
Para entonces, ya había fuertes rumores sobre las irregularidades que habían rodeado su etapa en la GIED. Algunas de ellas quedaron apuntadas en el informe que la propia Intervención General de la Defensa concluyó el 20 de junio de 2003, un mes después de que Trillo lo relevara y ascendiera a general.
Por ejemplo, la contratación, como jefe del Grupo de Promoción Externa de la GIED, de un coronel de la Guardia Civil en la reserva que era socio de una empresa dedicada al tráfico inmobiliario. Entre sus funciones en la Gerencia figuraba precisamente la de "entablar negociaciones" con los interesados en adquirir las propiedades de Defensa en venta.
No menos llamativa fue la integración en el mismo Grupo de Promoción Externa, mediante sucesivos contratos de asistencia y servicios, de un capitán de corbeta que, según la Intervención de la Defensa, pudo incurrir en usurpación de funciones.
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