El peor ejemplo

Dos operaciones contra la corrupción urbanística han provocado la detención del alcalde de la localidad murciana de Totana, José Martínez Andreo, del PP, y de otras 11 personas, entre ellas la secretaria municipal y el jefe de la Policía Local, acusadas de cohecho, falsificación de documento público, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de dinero. La gravedad de las acusaciones, sostenidas por la actuación de la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, tiene dos lecturas inmediatas. La primera recuerda las enormes proporciones que ha adquirido el delito urbanístico en los ayuntamientos y la consiguiente pérdida de credibilidad de las autoridades locales ante la opinión pública. Existe el riesgo evidente de que los ciudadanos identifiquen a los cargos locales con el latrocinio, el enriquecimiento ilegal y la destrucción del paisaje urbano. La segunda es más positiva, puesto que las instituciones públicas encargadas de fiscalizar el desempeño de comunidades y ayuntamientos están demostrando una notable eficacia.

Pero de nuevo aparece en el caso de Totana un elemento político perturbador. El Partido Popular no sólo no se escandalizó de que un afiliado suyo esté (presuntamente) implicado en una trama corrupta -actitud que hubiera llevado a la expulsión inmediata del partido-, sino que, por boca de Eduardo Zaplana, llegó a insinuar que la detención de sus militantes se debía a un perverso interés del Gobierno en desprestigiar al primer partido de la oposición. Como en los casos de Telde o Andratx, el PP niega la realidad bajo el falso principio de que sólo se debe actuar políticamente contra las personas con sentencia firme.

El PP se equivoca al confundir responsabilidad penal con responsabilidad política. Otros partidos que afrontaron y afrontan casos de corrupción -la delincuencia urbanística no es patrimonio de ningún grupo en particular- reaccionaron con la expulsión de los implicados y transmitieron el inequívoco mensaje de que los servidores públicos implicados judicialmente en casos delictivos deben abandonar la vida política, por respeto a los votantes. La doctrina de los populares no trasluce la misma firmeza y desdice su reiteradamente proclamado compromiso contra la corrupción.