Extorsión municipal

Diez de los 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid investigados en relación a una supuesta trama de corrupción fueron detenidos ayer por la Guardia Civil. Se les considera implicados en el cobro de comisiones de entre 3.000 y 18.000 euros a cambio de aprobar o aligerar la tramitación de licencias para la apertura de locales comerciales.

Que había que pagar para que la tramitación no se empantanara era un rumor desde hace años, según fuentes del propio Ayuntamiento que alegan carecer de pruebas. Además de rumores había al menos un antecedente muy revelador. En agosto de 2006 fue detenido un inspector del Departamento de Medio Ambiente al que el propietario de una discoteca grabó cuando le solicitaba una cantidad a cambio de informar favorablemente sobre unas obras de ampliación del local. Que el hecho ocurriera en presencia del aparejador que trabajaba para el propietario indica la sensación de impunidad con que actuaba el funcionario extorsionador. El asunto también reveló una cierta complejidad en el modus operandi que apuntaba a la existencia de una trama.

Con ese antecedente, habría sido lógico que el propio Ayuntamiento realizara una investigación interna. El vicealcalde Manuel Cobo declaró ayer que el asunto afecta a una minoría de los casi 25.000 empleados del Ayuntamiento, pero no a concejales ni cargos de confianza. Sin embargo, entre las responsabilidades de los ediles está vigilar para que el personal a sus órdenes no cometa delitos.

Está bien que, tras la denuncia de un particular, antes del verano, el Consistorio haya colaborado con la investigación policial; pero mejor habría sido que el propio Ayuntamiento, tirando del hilo descubierto hace 15 meses, hubiera limpiado la Casa de la Villa de funcionarios desleales y corruptos.